Piden garantizar la atención de afiliados del PAMI ante el conflicto con prestadores de salud

El diputado provincial Carlos Coggiola (Neuquén Federal) presentó un proyecto de declaración en la Legislatura de Neuquén para expresar su preocupación por la situación que atraviesan los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ante la suspensión de turnos y cirugías programadas en la provincia.

La iniciativa solicita al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que garantice la continuidad de las prestaciones médicas y que informe cuáles son los criterios aplicados para la autorización de turnos, estudios y prácticas médicas.

Según señala el proyecto, la problemática estaría vinculada a los atrasos en la actualización de los aranceles, la falta de regularización de pagos a los prestadores y las dificultades para la adquisición de insumos médicos, factores que derivaron en restricciones en la atención de los afiliados.

En ese contexto, el legislador pidió que el organismo nacional arbitre mecanismos de diálogo con los prestadores de salud para asegurar la continuidad de la atención médica, los estudios diagnósticos y las prácticas asistenciales, evitando demoras que puedan afectar tratamientos y comprometer la salud de los beneficiarios.

La iniciativa surge luego de que la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) informara públicamente la suspensión de nuevos turnos en todas las especialidades médicas y de las cirugías programadas. La entidad aclaró que continuarán garantizándose únicamente las prestaciones para pacientes con patologías crónicas críticas y las intervenciones de urgencia.

El proyecto advierte que la medida podría impactar sobre más de 69.000 afiliados del PAMI en Neuquén, muchos de los cuales dependen exclusivamente de esa cobertura para acceder a consultas, estudios y tratamientos médicos.

Además, sostiene que una parte importante de la demanda ya es absorbida por el sistema público provincial, por lo que considera necesario recomponer el diálogo entre el organismo nacional y los prestadores privados para normalizar las prestaciones y evitar una mayor presión sobre la red pública de salud.

“La salud constituye un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado en todos sus niveles, especialmente cuando se trata de personas mayores, consideradas un grupo particularmente vulnerable”, expresó Coggiola en los fundamentos de la iniciativa.

El proyecto, identificado con el número 18.428, ingresó por Mesa de Entradas el pasado 22 de junio y cuenta con la adhesión de los diputados Ernesto Novoa, Francisco Lepore y Damián Canuto.