Personal civil de la Nación vuelve a quedar sin cobertura médica en San Martín de los Andes

Trabajadores civiles de la Nación afiliados a la obra social Unión Personal (UP) vuelven a encontrarse, en los hechos, sin cobertura médica en San Martín de los Andes. Según la cartilla actualizada, los planes Classic, PMO, Monotributo y Accord no cuentan con médicos, especialistas ni centros de atención en la ciudad, brindando únicamente el servicio de un laboratorio de análisis clínicos.

Esta situación se ha reiterado en los últimos meses y fue advertida por representantes gremiales de ATE, quienes expresan una “profunda preocupación y alarma” por el funcionamiento de la obra social, que presenta serias deficiencias en ciudades del interior del país y especialmente en la región Patagonia Norte.

En localidades como San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé, los afiliados han debido afrontar por su cuenta el pago total de consultas, medicamentos e incluso cirugías, ante la falta de prestadores y la interrupción de convenios con profesionales de la salud. Actualmente, se aguarda que el Colegio Médico de la región firme un nuevo acuerdo con la gerenciadora VISITAR, luego de que venciera el contrato con la anterior administradora, MEDLINK, el pasado 30 de abril.

“El vencimiento del convenio era un hecho conocido, pero evidentemente no se realizaron las gestiones necesarias en tiempo y forma”, indicaron desde el gremio ATE. Como consecuencia, cientos de trabajadores volvieron a quedar sin acceso a atención médica mientras se continúan descontando los aportes en sus recibos de sueldo.

A nivel nacional, la problemática se extiende a diversas provincias. El relevamiento indica que los afiliados deben trasladarse hasta 200 kilómetros en promedio para ser atendidos, y que cualquier práctica médica supera los 100.000 pesos, mientras que una consulta ronda los 30.000 a 40.000 pesos.

Desde el sector de trabajadores se insiste en que se tomen medidas urgentes para regularizar la situación. Además, se solicita la intervención de las autoridades nacionales y de la Superintendencia de Servicios de Salud, a fin de garantizar el acceso a una atención médica digna por parte de una obra social que mes a mes recibe los aportes de sus afiliados.