Ante diversos reclamos de vecinos y vecinas sobre particularidades de la aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente (DPA) intervino para señalar afectaciones a los derechos de los usuarios. En particular, la DPA destacó la necesidad de que el Ejecutivo Municipal publique un texto consolidado que incluya la normativa dispersa vigente desde la implementación del sistema.
Uno de los puntos críticos expuestos es la dificultad que enfrentan jubilados para obtener la exención del pago, pese a que el decreto reglamentario 1954/24 establece que el beneficio corresponde a «un vehículo por jubilado residente, el cual deberá estar radicado en la localidad». No obstante, los afectados aseguran que se les exige ser titulares del dominio del vehículo, una condición que no está incluida en el mencionado decreto.
Desde la entrada en vigencia de la Ordenanza 14379/23, el Departamento Ejecutivo Municipal ha emitido una serie de decretos que modifican sucesivamente la reglamentación, entre ellos los decretos 386/24, 925/24, 1888/24 y 1954/24, lo que ha generado confusión entre la ciudadanía debido a la falta de claridad sobre qué normativa está vigente.
Ante este escenario, la Defensoría solicitó formalmente al Ejecutivo Municipal la publicación de un texto ordenado que compile todas las reglamentaciones vigentes, con el objetivo de proporcionar certeza jurídica a los usuarios.
Asimismo, la Defensoría aclaró que su intervención no implica un pronunciamiento sobre la pertinencia de la política pública del estacionamiento medido y pago, sino que se centra en garantizar que no se vulneren los derechos de los ciudadanos. En este sentido, la DPA ha planteado diversas recomendaciones y correcciones desde mayo de este año, entre ellas, la protección de los derechos de personas con movilidad reducida, los frentistas, y los jubilados, así como la adecuación del sistema al casco histórico de la ciudad.
Finalmente, la DPA participa activamente en la certificación de firmas para la campaña promovida por un sector de la comunidad que busca derogar el sistema de estacionamiento medido y pago.
