La Defensoría del Pueblo y el Ambiente propone alternativas para el estacionamiento medido en San Martín de los Andes
La Defensoría del Pueblo y el Ambiente (DPA) de San Martín de los Andes presentó una serie de recomendaciones y observaciones para mejorar el sistema de Estacionamiento Medido y Pago en la ciudad. Estas propuestas buscan aliviar la carga económica de los usuarios y simplificar el acceso a beneficios especiales para frentistas y jubilados.
Entre las principales quejas recibidas, la Defensoría destaca el valor progresivo de las tarifas, fijadas en Unidades Fijas (UF) equivalentes a un litro de nafta de mayor octanaje. Esta modalidad, que incrementa el costo por hora a medida que se prolonga el tiempo de estacionamiento, ha generado preocupación en la comunidad.
La DPA también abordó la situación de los frentistas, quienes deben sellar sus contratos de alquiler para acceder a un abono especial. En este sentido, recomienda flexibilizar los requisitos y aceptar otras formas de acreditación, como el domicilio en el DNI, facturas de servicios, o la escritura de propiedad.
En el caso de los jubilados, el reclamo se centra en la exigencia de titularidad del vehículo para obtener la exención del pago. La DPA sugiere alternativas, como la presentación de una tarjeta azul o un permiso tramitado a favor del jubilado, que facilitarían el acceso al beneficio sin imponer trámites adicionales.
Estas propuestas fueron dirigidas a través de un documento de trabajo a los departamentos Ejecutivo y Legislativo de la ciudad. Las mismas están orientadas a generar un sistema de estacionamiento más accesible y transparente, respondiendo a las necesidades y reclamos de los vecinos de San Martín de los Andes.
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La Defensoría debería dejarse de chiquitaje y abrir un poquito más los ojos.
Tiene el deber de impugnar la tercerización del cobro del tributo, decisión que no solo resulta ilegítima sino claramente ineficaz desde el punto de vista recaudatorio.
Me explico: los tributos constituyen la principal (y natural) fuente de ingresos del municipio.
Para recaudarlos, el municipio cuenta con un área de Rentas, muy eficaz en todo sentido ya que su costo operativo es inferior al 4% de la suma de los tributos y tasas que recauda.
Empero, cuando el Concejo creó el nuevo tributo al estacionamiento medido, decidió «tercerizar» su cobro a un costo del 72,5% del monto a recaudar, circunstancia no solo ilegítima sino absurda desde todo punto de vista.
Además, el mecanismo es ilegal pues la verificación del heho imponible, así como las actas que se elaboran en su consecuencia, no son realizadas por un oficial público sino por un empleado de la empresa directamente beneficiaria del hecho que ella misma constata.
Con las multas ocurre algo similar: la supuesta infracción no ha sido constatada por un oficial de tránsito sino por un simple empleado particular, lo que torna nula cualquier tipo de sanción pues dicha función estatal es indelegable.
En definitiva, ante el contenido de la noticia que aquí comento me veo en la obligación moral y ciudadana de pedirle a la Defensoría que no se distraiga con el chiquitaje, y que ejerza con plenitud su ministerio actuando en defensa de los habitantes de SMA.
Excelente opinión!!!
Cómo siempre la muni y el consejo deliberante facilitándole la vida a quienes les pagan el sueldo….viven en otra dimensión….
El defensor del pueblo se ha recibido de defensor del GOBIERNO.
NO AL ESTACIONAMIENTO MEDIDO.