La Defensoría del Pueblo pide unificar la normativa del sistema de estacionamiento medido y pago
Ante diversos reclamos de vecinos y vecinas sobre particularidades de la aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente (DPA) intervino para señalar afectaciones a los derechos de los usuarios. En particular, la DPA destacó la necesidad de que el Ejecutivo Municipal publique un texto consolidado que incluya la normativa dispersa vigente desde la implementación del sistema.

Uno de los puntos críticos expuestos es la dificultad que enfrentan jubilados para obtener la exención del pago, pese a que el decreto reglamentario 1954/24 establece que el beneficio corresponde a «un vehículo por jubilado residente, el cual deberá estar radicado en la localidad». No obstante, los afectados aseguran que se les exige ser titulares del dominio del vehículo, una condición que no está incluida en el mencionado decreto.
Desde la entrada en vigencia de la Ordenanza 14379/23, el Departamento Ejecutivo Municipal ha emitido una serie de decretos que modifican sucesivamente la reglamentación, entre ellos los decretos 386/24, 925/24, 1888/24 y 1954/24, lo que ha generado confusión entre la ciudadanía debido a la falta de claridad sobre qué normativa está vigente.
Ante este escenario, la Defensoría solicitó formalmente al Ejecutivo Municipal la publicación de un texto ordenado que compile todas las reglamentaciones vigentes, con el objetivo de proporcionar certeza jurídica a los usuarios.
Asimismo, la Defensoría aclaró que su intervención no implica un pronunciamiento sobre la pertinencia de la política pública del estacionamiento medido y pago, sino que se centra en garantizar que no se vulneren los derechos de los ciudadanos. En este sentido, la DPA ha planteado diversas recomendaciones y correcciones desde mayo de este año, entre ellas, la protección de los derechos de personas con movilidad reducida, los frentistas, y los jubilados, así como la adecuación del sistema al casco histórico de la ciudad.
Finalmente, la DPA participa activamente en la certificación de firmas para la campaña promovida por un sector de la comunidad que busca derogar el sistema de estacionamiento medido y pago.




Sigo aguardando que se aclare si al usuario se le está cobrando una tasa o un tributo por estacionar.
Si se trata de un tributo, posee el método de recaudación más ineficaz que he visto en mi vida, pues se ha delegado a un tercero su recaudación, recibiendo el municipio solamente el 27,50% del monto que abona el usuario.
De tratarse de una tasa, el monto que paga el usuario debería reducirse en ese mismo 27,50%, pues la contraprestación la otorga la empresa concesionaria y no el municipio. Acá tenemos, entonces, un tributo oculto, sin interesar si su producido tiene un destino loable o no (en una república, el fin no justifica los medios).
Como puede advertirse, nuestros representantes no consultaron a ningún tributarista, ni menos aún a un buen constitucionalista.
Afortunadamente, las calles desiertas demuestran que la población no quiere ser cómplice del saqueo a la que sus (supuestos) «representantes» han pretendido someterla.
Preocupa mucho que, aún en los estamentos políticos de nivel inicial (municipal), los concejales y el intendente se encuentren tan alejados de la gente (algo que puede eperarse a nivel provincial y nacional, pero que es inadmisible entre vecinos de un mismo pueblo).
Nuestro representantes, ¿tendrán la grandeza de repensar su decisión o, en inmadura conducta, se reafirmarán caprichosamente en su error?
Basta de estacionamiento medido! Alguna vez se les ocurrirá otra cosa que no sea cargar contra los ciudadanos? Alguna vez se les pasará por la cabeza tapar los baches o mantener limpio el pueblo? Hasta ahora se ve lo contrario! Ahhh.. por supuesto todo esto se hace en defensa de los pobres. Andaaaaa…