Horas extras bajo sospecha: la Contraloría advierte por un uso sistemático y sin controles en el municipio

El contralor municipal de San Martín de los Andes, Jorge Fernández, alertó sobre graves irregularidades en el sistema de horas extras del Ejecutivo local, que —según afirmó— funcionan como un mecanismo instalado y naturalizado, lejos de su carácter excepcional. El funcionario expuso la situación en una entrevista reciente, donde describió un esquema que considera “generalizado” y “sin controles mínimos”.

Fernández recordó que las horas extras deben aplicarse únicamente ante situaciones excepcionales, como emergencias, trabajos nocturnos o tareas impostergables. Sin embargo, aseguró que en el ámbito municipal se utilizan como un ítem fijo del salario:
“Hay empleados que vienen una hora, se van, y aun así cobran horas extras. Otros piden la llave de un edificio para marcar la entrada por la tarde, sin realizar ningún trabajo. Esto está totalmente naturalizado”.

Según datos de la Contraloría, entre enero y noviembre se registraron alrededor de 120.000 horas extras, lo que representa un gasto municipal cercano a 1.500 millones de pesos, cifra que asciende a 2.000 millones al incorporar aportes previsionales. El contralor sostuvo que este uso indebido es “de público conocimiento” dentro del municipio y que no existe un sistema formal de justificación o verificación.

Entre los episodios detectados, Fernández mencionó un decreto del año 2023 donde se autorizaron 24 horas extras un sábado y otras 24 horas el domingo siguiente para un mismo empleado municipal. “Nadie puede trabajar 48 horas seguidas. Esto muestra el nivel de descontrol con el que se manejó el sistema”, señaló.

Para el contralor, la magnitud del problema se explica por una combinación de desidia histórica, ausencia de controles internos y falta de intervención política. “Todos saben que esto ocurre y todos lo naturalizan. Las horas extras dejaron de ser una herramienta de trabajo para convertirse en una parte estructural del salario”, afirmó.

Sobre el cierre, Fernández aclaró que, pese a la gravedad de las irregularidades detectadas, la Contraloría Municipal no tiene facultades sancionatorias. “Nuestro rol es controlar y advertir. Podemos señalar cada caso, pedir explicaciones y exigir documentación, pero no podemos aplicar sanciones. La responsabilidad de actuar recae en el Ejecutivo y en quienes tienen capacidad administrativa y política para corregir estas prácticas”, concluyó.