La Patagonia en riesgo: organizaciones denuncian que una resolución permitirá urbanizar reservas naturales

Una nueva resolución de la Administración de Parques Nacionales (APN) encendió fuertes alertas entre organizaciones ambientalistas, especialistas y defensores de la naturaleza. Se trata de la Resolución N.º 300/2025, publicada el 1° de octubre, que modifica sustancialmente los límites y criterios para construir viviendas y edificaciones en las Reservas Nacionales de la Patagonia, permitiendo un incremento significativo en la superficie y densidad de construcción dentro de áreas protegidas.

Hasta ahora, en un lote de 100 hectáreas solo podían edificarse 2.400 metros cuadrados destinados a construcciones. Con la nueva normativa, ese máximo crece a 5.500 metros cuadrados. Y la superficie total construible pasa de 3.900 a 8.900 metros cuadrados, más del doble que antes. Esta flexibilización se refleja también en la cantidad potencial de viviendas: en el Parque Nacional Lanín se pasa de 964 unidades posibles a 1.737; y en el Nahuel Huapi, de 1.658 a 2.944.

Las organizaciones Sociedad Naturalista Andino Patagónica, Fundación Patagonia Natural y Fundación Azara advirtieron que la norma “habilita y promueve la densificación de las construcciones y la ocupación humana en las Reservas Nacionales”, con impactos que —aseguran— podrían ser irreversibles.

Preocupación por el impacto ambiental acumulativo

Los grupos conservacionistas alertaron que permitir más construcciones puede desencadenar una mayor presencia humana y una intensificación de actividades dentro de los parques, lo que afectaría la fauna, los bosques, la disponibilidad de agua y la tranquilidad de ecosistemas extremadamente sensibles.

“Un aumento significativo de las edificaciones implica mayor fragmentación de los ecosistemas por caminos, accesos y alambrados; mayor demanda de servicios; más efluentes; más movimiento de personas, vehículos y mascotas; desmonte y antropización de zonas contiguas; mayores riesgos de incendio y mayor uso de agua”, detallaron los especialistas.

Señalaron, además, que la resolución fue aprobada sin una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), una herramienta clave para analizar los impactos acumulativos de modificaciones normativas de esta magnitud. “Las evaluaciones de impacto individuales no podrán dar cuenta del impacto agregado. Nada de eso se hizo”, remarcaron.

Falta de aviso a UNESCO y riesgo para sitios Patrimonio Mundial

Otra de las preocupaciones planteadas es que la APN no habría notificado a la UNESCO sobre los cambios, a pesar de que los parques nacionales Los Glaciares y Los Alerces son Patrimonio Natural de la Humanidad. La falta de comunicación oficial podría poner en riesgo esa categoría, que exige estrictos criterios de conservación.

Choque con la normativa ambiental vigente

Las organizaciones recordaron que la Ley 22.351 —que regula el sistema de Parques Nacionales— y la Ley General del Ambiente establecen que el desarrollo de asentamientos humanos solo puede promoverse si resulta compatible con los fines prioritarios de conservación.

En este caso, afirman que la resolución contradice ese principio al duplicar la superficie habilitada para construcciones sin estudios que avalen su compatibilidad ecológica.

Pedido de nulidad de la resolución

Las entidades solicitaron que la Resolución 300/2025 sea dejada sin efecto, al considerar que “genera un riesgo permanente para la conservación de las áreas protegidas y un precedente extremadamente negativo para el prestigio de la APN”.

Aseguraron que la normativa implica “un claro desconocimiento” de los objetivos legales que rigen las áreas protegidas y pidieron que se restablezca un enfoque precautorio que priorice la preservación de los ecosistemas patagónicos.