A la carga con los cargos
Entre balas que pican cerca se fueron dos semanas turbulentas para el gobierno municipal. Dejando de lado la renuncia de Obeid que merecerá un editorial aparte cuando aquieten las aguas, el Intendente municipal fue puesto en el ojo de la tormenta en estos días al visitar las oficinas de ejecución penal de esta localidad a fin de escuchar cargos en su contra.
La información dura muestra que al Intendente se lo acusa de incumplimiento de deberes de funcionario por haberse excedido en un 6% en los límites máximos de contratación directa para la obra de remodelación del ex Hotel Sol. Habrían sido cuatro los contratos a una cooperativa de trabajo local por la demolición y reconstrucción parcial de una parte del edificio Sol de los Andes donde se acondicionaron catorce aulas para la Escuela del Sol más las instalaciones donde funcionan las carreras universitarias que gestiona el gobierno municipal con diversas casas de estudio públicas del país. Cabe recordar en este punto que el 19 de noviembre de 2012 un voraz incendio redujo a cenizas las instalaciones de la Escuela del Sol. A raíz de esto, los ejecutivos provincial y municipal acordaron la disposición de recursos para que el Municipio construya las aulas necesarias en el edificio Sol, las que serían utilizadas por la escuela siniestrada y luego quedarían a disposición de la comunidad.
El Intendente arguye que el monto de la obra fue mucho menor que lo que presupuesta el mercado de la construcción para una obra de esa envergadura, al tiempo que los 45 días de obra eran de imposible cumplimiento para el sector privado. Lo cierto es que remodelación más reconstrucción de 900 m2 de obra insumieron 1.061.000, el equivalente a $1.178 por metro cuadrado, casi un 50% inferior a los valores en la plaza local en aquellos años. En sintonía con ese argumento, está la excepcionalidad de la situación, la no disponibilidad de tiempo para un llamado a licitación, la cuenta regresiva de 45 días de obra antes del reinicio de clases y el receso estival del Concejo Deliberante lo que imposibilitaba la consulta. A esto el Intendente plantea otro argumento que deberá tener correlato pericial. Sostiene el Ejecutivo que no se tenía seguridad de que la Cooperativa pudiera realizar la integridad de la obra porque no se sabía qué resultaría de la demolición, si el inmediato proceso reconstructivo o un proceso de demolición más integral que, eventualmente, encareciera la obra. Estos son los argumentos, no importan.
Jorge Sobisch y Carlos Lator, modelos para armar
No son ni del 63 ni un capítulo de la Rayuela de Cortázar. Los antes mencionados son paradigmas que echan luz sobre las distancias entre el Poder Judicial y la “Justicia”. Como se sabe, y no es ocioso repetir, el ex gobernador Sobisch ha sido pródigo en trajinar con éxito los tribunales provinciales. Numerosas han sido las causas, la abrumadora mayoría de ellas penales, y de todas ha salido indemne, aún cuando la principal prueba hayan sido sus propios dichos incriminatorios o cámaras ocultas donde hacía propuestas non santas, ha contado con jueces tesoneros en eso de encontrar en las bibliotecas los textos exculpatorios.
Asesinatos, zonas liberadas para la represión parapolicial a manifestantes o la digitación de la composición de los tribunales de justicia, meras distracciones. Pero hay una causa que interesa a los sanmartinenses con memoria. El 4 de febrero de 2003, Sobisch visitaba San Martín y ejercitando la campaña electoral prometía un Hotel Escuela en convenio con una Universidad privada española y gerenciado por una empresa privada. 6 millones de pesos del IADEP fueron a parar a una empresa cuyo capital no superaba los 12 mil pesos, todo un ejemplo del estímulo que el emirato prodigaba a nóveles emprendedores ávidos de arriesgar con el capital público. Finalmente la obra no se realizó, al tradicional Hotel lo desvalijaron, todos sus muebles desaparecieron y su infraestructura reducida a la ruina. Los 6 millones de pesos nunca se aplicaron a la obra y la deuda no se pagó con el IADEP, pero para completar el círculo delictual Sobisch suscribió junto a sus Ministros el Decreto 2122/07 apenas 20 días antes de dejar el cargo, donde le transfería la deuda de Geografías del Sur a la recientemente creada empresa de promoción turística NeuquénTur. No bastó el voto del Dr. Trincheri de la Cámara de Apelaciones quien aseguraba que “hay materia suficiente para sospechar que quienes suscribieron tal decreto -2122/07- han participado no solamente en la defraudación que operaba contra el Estado provincial (…) sino también por el accionar consistente en encubrir a los protagonistas de la maniobra delictiva consumada con anterioridad entre los funcionarios del Iadep y Geografías del Sur”. Tampoco el pataleo de la concejal del Acuerdo Político Ana Ambrogi, quien había sido la impulsora de la denuncia, pudo con los laboriosos Fiscales locales quienes junto al Juez de instrucción y la Cámara de Apelaciones trabajaron a destajo por resolver la causa. Tanto trabajo los agarró el cansancio y en el soponcio les prescribió la acción penal, no se devolvieron los 6 millones robados, no se inhabilitó a Sobisch, se recibieron de buenos alumnos y los sanmartinenses perdimos definitivamente el Hotel Sol.
Carlos Lator es otro ejemplo paradigmático. Al Intendente de Chos Malal le tocó afrontar un desastre natural durante su gobierno. En medio de la urgencia echó mano a racionalidad y contrató directamente y sin licitación ni concurso de precios máquinas viales para atender el desastre. Las irrisorias sumas de $4500 excedían los montos de contratación directa para estos menesteres por aquellos años en Chos Malal. El pobre de Lator tenía en su legajo el sello del Partido Justicialista y el inaceptable laurel de haber destronado al MPN en un feudo norteño. Con la misma premura que a Sobisch lo exculpan a Lator lo encontraron culpable y lo inhabilitaron para ser funcionario público, es decir corrieron un adversario político.
Se conoció esta semana que pasó, que el Tribunal de Impugnación revirtió el bochornosos y partidario fallo de los jueces de Chos Malal y lo rehabilitaron. Sectores de la oposición hicieron una conferencia de prensa en la Legislatura para exigirle al MPN que deje de manipular a la Justicia para perseguir opositores políticos pidiéndole que “dejen gobernar a los intendentes opositores”. En esa conferencia de prensa Lator dijo que durante su gobierno le hicieron más de 50 denuncias penales que terminaron todas en nada con la única intención de inhabilitarlo políticamente.
El Intendente Fernández no participó de dicha conferencia de prensa, pero ha declarado a nuestro medio hace dos semanas que es ese el objetivo de los funcionarios judiciales de la IV Circunscripción Judicial y hasta el propio Fiscal Manuel González se precipitó al reconocer que esa es la única consecuencia posible detrás de su imputación. Las declaraciones del Intendente no tuvieron mayor repercusión y no se ve excesiva preocupación en el Ejecutivo, pero lo cierto es que estos días han ratificado con creces las muestras de la incompetencia de sectores del Poder Judicial y muchas son las denuncias de prestigiosos organismos que critican las calificaciones de los Jueces, los procesos de nombramiento y sus vínculos y dependencias partidarias. A la luz de los hechos relatados cabe advertir que pueden estar convirtiéndose sectores de la “Justicia” en quirúrgicas herramientas de selección y proscripción política de los opositores al MPN. Lo cierto es que como Juan B. Justo decía hace más de un siglo, en la indirecta proscripción de un candidato hay una directa proscripción de la voluntad popular de distintos sectores de una sociedad.
Esteban Ramella
Director Editorial
