Anulan sentencia a favor de acusado por dos muertes en la Ruta 40

Junín de los Andes – A instancias de una impugnación extraordinaria realizada por el fiscal general José Gerez, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió anular una sentencia del Tribunal de Impugnación que había permitido aplicar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba a un joven acusado por la muerte de dos mujeres a las que atropelló en la localidad de Junín de los Andes en marzo pasado.

La decisión la tomó la sala penal del TSJ, integrada por los vocales Soledad Gennari, Evaldo Moya y Alfredo Elosú Larumbe. Tras declarar admisible el recurso de impugnación contra la sentencia (Gennari y Moya votaron a favor; Elosú Larumbe en contra), los vocales resolvieron por unanimidad anular la sentencia del Tribunal de Impugnación.

De esta forma, deberá hacerse una nueva audiencia ante un Tribunal de Impugnación con nueva composición, para que se pronuncie sobre el pedido de la defensa del acusado para que le otorguen el beneficio de la suspensión de juicio a prueba.

El hecho ocurrió el pasado 12 de marzo. De acuerdo a la teoría del caso del fiscal Adrián de Lillo, el joven L. O. L condujo una camioneta Ford EcoSport sobre la ruta nacional 40 alrededor de las 6 de la mañana. En un sector próximo al Centro Tradicionalista Huiliches de Junín de los Andes, impactó en forma frontal contra una moto Motomel 150 c.c que circulaba por el carril contrario y en la que iban Rosa Tatiana Millapi Melo y Karina Catalán. Como consecuencia del impacto, ambas mujeres murieron. El joven realizó la maniobra de sobrepaso en un lugar donde había doble línea amarilla, en exceso de velocidad y con graduación alcohólica en sangre superior a la permitida. Fue acusado del delito de “homicidio culposo -dos hechos en concurso ideal-, ocasionado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, como asimismo por la pluralidad de víctimas fatales”.

Al momento de discutirse la apertura del juicio, el defensor pidió que se aplique la suspensión de juicio a prueba. Esta es un beneficio -también conocido como «probation»- que prevé que el acusado no vaya a juicio a cambio de cumplir una serie de obligaciones fijadas. Pueden acceder las personas que no tienen antecedentes penales, que son responsables de delitos que por el monto de la pena a cumplir sea de ejecución condicional, y que no hayan accedido al beneficio anteriormente.

El juez de garantías Nazareno Eulogio rechazó la solicitud. La defensa fue al Tribunal de Impugnación que, con la integración de los jueces Liliana Deiub, Héctor Rimaro y Daniel Varessio, revocó por mayoría la decisión del magistrado.

El fiscal general José Gerez presentó un pedido para que esa decisión sea anulada, a la que ahora el TSJ le hizo lugar.

Durante la audiencia ante la sala penal del TSJ, desde la fiscalía se planteó entre otros argumentos que “en contrapunto con la ausencia de razonabilidad que expresa el fallo apelado (…) el fiscal en la audiencia del día 8 de junio, en forma absolutamente fundada se ha opuesto a la concesión de la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa del imputado, en función de la gravedad del hecho atribuido a L.O.L (…) Tal como sostuvo el fiscal del caso, el Ministerio Público Fiscal pretende la aplicación de la inhabilitación prevista en el artículo 84 del Código Penal, esto por un lapso de entre 5 y 10 años, lo cual no podría concretarse si se otorga la suspensión de juicio a prueba, que tiene como límite máximo tres años”.

También indicó que el fiscal del caso para fundamentar su postura tuvo en cuenta “la oposición de los familiares de una de las víctimas, teniendo en cuenta los derechos que el nuevo ordenamiento procesal les reconoce…”.

Asimismo, remarcó que la suspensión del juicio a prueba “es un modo de disponer de la acción penal y el Ministerio Público Fiscal es quien tiene la función de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses de la comunidad, competiéndole en consecuencia el ejercicio de la acción en los delitos de acción pública como el presente”.

Dijo además que “tampoco podría fundarse esa falta de razonabilidad (como lo hicieron los magistrados que conformaron el voto mayoritario) con base en que en otros legajos -por ese mismo delito- accedieron a la concesión de la suspensión de juicio a prueba, pues cada caso es muy distinto a otro más allá de la misma calificación legal y que, en este caso, se han dado razones suficientes de esa oposición”.

El voto de la vocal Soledad Gennari, al que adhirieron los vocales Moya y Elosú Larumbe, afirmó en referencia a la decisión del Tribunal de Impugnación que “…la tacha de “irrazonable” del criterio aplicado por la Fiscalía, cuando éste tiene pleno ajuste a una política de persecución penal debidamente explicitada, se traduce en una afirmación dogmática de los magistrados revisores que perjudica la validez constitucional de ese pronunciamiento”.

Añadió que “en definitiva, dentro del mismo voto mayoritario, mientras que para uno de los magistrados la aspiración de la Fiscalía a una pena de ejecución condicional -con abstracción del monto de la pena de inhabilitación- deja ausente de fundamento la oposición de ese Ministerio Público, para el otro judicante ello no sería un factor por sí excluyente y podría sustentarse en la existencia de los requisitos que hicieren posible justificar su negativa a la probation”.

Señaló que “en tales condiciones, no advierto una mayoría absoluta de opiniones con fundamentos concordantes relativas a esta particular cuestión”. Y que “atento que la sentencia debe entenderse como una unidad lógico-jurídica que requiere mayoría de opiniones no sólo de su parte dispositiva, sino también de su motivación, la circunstancia aquí advertida importa un quebrantamiento a dicha doctrina”.

Nota publicada en Ministerio Público Fiscal