Modifican por decreto las paritarias docentes

En un intento más de aprovechar la distensión que procura el verano en la población, el gobierno impone por decreto la modificación de la paritaria nacional docente; anticipándose así en un plan de limitar los incrementos salariales que se deberán negociar.

Del mismo modo ya lo hizo con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) el 10 de enero pasado, respecto de la modificación a efectuar en diferentes áreas del estado, con 170 medidas que introducen 140 modificaciones en leyes o decretos.

El verano así aparece como una oportunidad, para establecer medidas que en otra fecha enfrentarían una fuerte oposición y debate, proporcionándole al gobierno una mayor caída de la popularidad; como la producida en diciembre pasado, con el debate de la Ley de Reforma Previsional. En ocasión de la primera reunión de gabinete de este año, trascendió la preocupación por la caída en imagen del gobierno en cerca de un 15%, prácticamente el nuevo capital político alcanzado en las elecciones de octubre.

En este caso con el decreto 52/2018 publicado en el boletín oficial ayer 17 de enero, se establece la exclusión de la discusión salarial de la paritaria nacional docente y fundamentalmente se modifica la representatividad del gremio de mayor peso (CTERA) en la mesa de negociación, igualando su representatividad a la de los otros gremios con menor número de afiliados: Sadop, CEA, AMET, y UDA.

De esta manera diluye la representatividad proporcional que le cabe al mayor gremio docente nacional que cuenta con más de 420.000 afiliados.

La deslegitimación hacia los sectores sindicales, tiene de esta manera un correlato con las denuncias judiciales que se vienen sucediendo, acompañadas de las respectivas campañas mediáticas; como así mismo ocurrió con el aviso enviado masivamente a los docentes de la Provincia de Buenos Aires con la opción de  la desafiliación sindical.

Es evidente y no casual, que hay una intención del gobierno en producir una suerte de “ablande” en el sindicalismo en general, para generar las condiciones que faciliten el futuro debate del proyecto de Ley de Reforma Laboral.

La Ley 26.075 de Financiamiento Educativo sancionada a fines del 2005, establecía en el artículo 10 que: “el Ministerio de Educación con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”.

Pero a partir del pasado año el gobierno no convocó a la paritaria, aduciendo que en el año 2016 se alcanzó un acuerdo que fijó un piso para la discusión salarial docente en cada una de las provincias en el equivalente a un 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil. Este es el argumento que se esgrime en el actual decreto en su artículo 4.

Por otro lado se modifica la participación proporcional docente como se explicó aquí, derogándose el decreto 457 del año 2007, donde se reglamentaba el formato  de representación de la mesa paritaria nacional.

En este sentido opinó la Secretaria de Ctera Sonia Alesso: “La última convocatoria a paritaria fue en diciembre de 2016, después tampoco nos citaron por las cuestiones pedagógicas. Pretenden correr la discusión y que cada jurisdicción se arregle como pueda, como pasó en los ‘90. Las consecuencias van a ser las mismas: una conflictividad altísima y problemas realmente graves en algunas provincias”.

Por su lado el Diputado Nacional Daniel Filmus ex Ministro de Educación, advirtió en una reciente nota publicada por el diario Página 12 (Click aquí) a propósito de su intervención en la discusión del Congreso sobre el presupuesto nacional, que: “el Gobierno evitó discriminar en el presupuesto el Programa de Compensación Salarial (art 9) que prevé la Ley de Financiamiento Educativo (26075). Este programa se creó para que la Nación aporte recursos a las provincias con menor capacidad de pagar salarios para llegar al mínimo acordado. El primer objetivo del decreto que se acaba de firmar es ajustar los fondos que la Nación transfiere a las jurisdicciones más pobres. Ello promoverá una desigualdad creciente de los salarios según la capacidad financiera de las provincias y condenará a los docentes de las más pobres a un ingreso menor y a sus niños y jóvenes a una educación de inferior calidad”.

Por ello además del peligro que se corre de desintegrar y desigualar el sistema educativo el artículo 4 de la norma deja en claro que el ámbito de discusión entre el Gobierno Nacional y los gremios docentes a nivel nacional se dedicará sólo a cuestiones laborales, del calendario educativo y de la carrera docente. Todo ello además con una dispar representatividad de la mesa de discusión.

Desde el gobierno el ministro de educación afirmó que el ámbito de discusión “nunca existió” y que: “No puede haberse acabado algo que nunca existió, lo que hace este decreto es ordenar normativamente una serie de confusiones”

Por ello dice que el nuevo decreto establece “lo que se va a tratar con los gremios son cuestiones atinentes a carrera docente, promoción, capacitación, régimen de vacantes, reincorporaciones, jornada de trabajo, derechos sociales y previsionales. Todo lo que es de incumbencia propia de los gremios”. Se excluye explícitamente la cuestión salarial.

Sin duda se anticipa una vez más y antes del inicio de clases a un incremento de la conflictividad en el ámbito educativo y sobretodo un techo en unas paritarias que suelen ser referenciales para las provincias y los otros gremios.

Todo esto ocurre en momentos donde parecen fracasar diferentes medidas económicas, especialmente aquellas referidas a las pautas del control inflacionario.

La “calibración” de la nueva pauta inflacionaria del 10 al 15% anunciada hace semanas para este año, ya resulta poco creíble para la mayoría de los economistas; aunque se sospecha que la inflación pueda ser funcional para un nuevo objetivo: la licuación del salario real.