La encerrona de la economía
Sin un armado político opositor en el horizonte, al menos por ahora, es el frente económico el que amenaza al gobierno con un posible fracaso. Era el menos esperado hace tres años.
Por un lado el control de la inflación parece una meta compleja. En el último diciembre el gobierno cambió la pauta inflacionaria (de un 10% a un 15%) para el 2018, inmediatamente después de presentar el presupuesto en el Congreso; modificación a la que llamó calibración.
No pasó mucho tiempo, para que nadie creyera en las nuevas calibraciones del equipo económico, rápidamente perdieron credibilidad, por lo que hoy los más optimistas ya hablan de al menos un piso de suba de precios anual del 19,9%. Y aquel anuncio tenía como objeto, justamente lo contrario: dar previsibilidad.
El gobierno se enfrenta a problemas económicos simultáneos, con herramientas que a la vez generan efectos contradictorios.
Por ejemplo: para bajar el déficit fiscal (el rojo de las cuentas que se produce entre el ingreso que recibe el Estado y lo que gasta), que es lo que genera en parte el proceso inflacionario, se bajan subsidios de los servicios públicos. La compensación se obtiene subiendo las tarifas, que las pagan los usuarios, lo que repercute en la canasta familiar, la industria y los servicios, aumentando la inflación.
Dejar que se eleve el tipo de cambio, por medio de la libre oferta y demanda, ayuda a aumentar los ingresos para las exportaciones y permite bajar el déficit comercial (que aumentó considerablemente de la mano de la apertura de importaciones), y aumentar así, el ingreso del Estado; pero el aumento del dólar se traslada a los precios, en parte por los insumos importados, y otro poco por las dudas (efecto Argentina).
Por ello ahora el Banco Central, empieza a intervenir vendiendo dólares, intentando controlar el tipo de cambio, abandonado la reciente política que llevó adelante: el dólar flotante.
Un instrumento económico utilizado, para controlar la inflación, es subir las tasas de interés, que también fija el Banco Central, quitando pesos del mercado; pero al mismo tiempo se detiene la actividad económica, se desalienta la inversión productiva, generando mayor desocupación y achicamiento del mercado interno (consumo interno).
El déficit del gasto se financia con deuda. Pero se sabe que es un recurso limitado, y que de no detenerse a tiempo, desencadena en una fuerte crisis económica (que ocurre cuando dejan de prestar, se acaba el crédito, porque la deuda se torna impagable) y aparecen los escenarios como los que ocurrieron con la hiperinflación de 1989 del gobierno de Alfonsín, o la crisis del 2001, finales del gobierno de De la Rúa.
Las expectativas de entradas de capital, prometidas en campaña, no ocurrieron. Hubieran ocupado el lugar del fuerte endeudamiento. En gran parte el capital ingresado, por el contrario, favoreció la bicicleta financiera, otorgando grandes ganancias por compra y venta de papeles y la fuga de capitales.
Mientras tanto el ansiado segundo semestre sigue esperando.
Pero el primero empieza a desinflarse de la mano de todas estas idas y vueltas, favoreciendo la caída de expectativas, aún de aquellos que fueron más optimistas.
En este marco, el salario aparece como variable de ajuste: largadas las paritarias, el gobierno insiste en un incremento del 15% y en cuotas, como los negociados con el transporte (UTA), pintura, sanitarios, aceiteros, tintoreros, remiseros, comercio y Luz y Fuerza.
Si bien se habla de cláusulas gatillo o “revisiones”, las mismas no servirán para alcanzar la suba de los precios (siempre corren por atrás de ellos) ni para recuperar las pérdidas del poder adquisitivo, por la inflación del 2016, que aún se arrastra.
Como siempre el hilo se corta por lo más delgado. Pensará el gobierno que tiene margen para depreciar el salario, en un marco de ocupación laboral en baja y sindicatos amenazados o en crisis de representatividad.
Una encerrona compleja, cuando se transita ya, por el tercer año de gestión.
