Familias con necesidad de vivienda hicieron uso de la Banca del Vecino en el Concejo Deliberante

Un grupo de más de 60 familias, a través de tres representantes reclamaron en la Banca del Vecino la necesidad de vivienda tras una compleja situación que las dejó en medio de una discusión entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo. El origen de este conflicto se remonta a los finales de la gestión de Juan Carlos Fernández.

Sobre los últimos meses del año 2015, el gobierno municipal de Juan Carlos Fernández gestiona la compra de tierras para desarrollar lotes de 250 m2 con servicios, aptos para la adjudicación de los créditos PROCREAR. En esos momentos, en la ciudad no había disponibilidad de lotes en las condiciones, las dimensiones y los precios que el PROCREAR requería.

Así el municipio se embarcó en esta gestión, de una modalidad particular del PROCREAR, para familias sin lote en la que, como en muchas otras ciudades el país, la municipalidad intervenía en la compra de tierras. Aunque en ese momento, las más de 150 familias habían sido adjudicatarias del crédito con estas características particulares, para que se desembolsaran los fondos los lotes debían estar ya desarrollados.

En estas condiciones se produjo el cambio de gestión, y la administración de Brunilda Rebolledo se debió hacer cargo de la situación. Sin embargo, las obras de los servicios y las factibilidades se dilataron en el tiempo, y a medida que pasaron los años, muchas familias modificaron las condiciones para adquirir el crédito, logrando sólo 41 de ellas la adjudicación.

De ahí se abrieron dos caminos. Por un lado las familias que siguieron intentando conseguir el crédito PROCREAR y por otro los más de 100 lotes que quedaron en óptimas condiciones pero sin la posibilidad de ser adquiridos. En este punto, el PROCREAR pasó de tener la financiación subsidiada por el ANSES, a la aplicación de intereses UVA que se ajustan con un índice de precios al consumidor.

A principios de este año, el Departamento Ejecutivo, que en el presupuesto municipal ya había asignado $15 millones para la adquisición de tierras destinadas a viviendas, decide hacer la compra de los lotes al Banco Hipotecario. Para ello genera un Decreto Ad Referndum, es decir una norma que debe ser refrendada por el Concejo Deliberantes ya que es potestad de este último la compra de tierras.

Cuando este documento llega al Concejo, unos meses después, los ediles convocan a los funcionarios del ejecutivo para decirles que, además de que no era el procedimiento la utilización de un Decreto Ad Referendum, no coincidían con el criterio de compra de tierras. En tal sentido le proponen al ejecutivo destinar los $15 millones a compra de tierras nuevas, y gestionar para los lotes desarrollados un financiamiento por parte del gobierno nacional o del provincial.

Al mismo tiempo que sucedía esto, desde el Instituto de Vivienda y Hábitat convocan a las familias que reunían condiciones como para poder comprar esos lotes, ya no al Banco Hipotecario, sino al municipio que era quien los iba a financiar. Para eso les pidieron que reunieran alrededor de $100.000 para generar un anticipo y después se convendrían cuotas que saldaran los $200.000 restantes.

Esta oportunidad única atrajo, entonces, a las más de 60 familias que hicieron lo imposible para juntar el anticipo y se vieron muy cerca la posibilidad de un lote para construir. Sin embargo, ante la negativa del Concejo Deliberante, y la retirada del Decreto Ad Referendum, se les informó que reclamen en el Concejo y expliquen su situación.

Sin embargo, un día antes de que se utilizara la Banca del Vecino, el municipio les informó a las familias que el Banco Hipotecario ofertaría estos lotes, no ya para las familias de San Martín, sino para las de todo el país, al doble del valor y con intereses mucho más elevados.

Esta situación dejó a las familias sin un reclamo concreto, cada vez más lejos de los lotes y sin un actor local con quién gestionar.

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