Sara Castañeda sobre el proyecto de la Ladera del Curruhuinca: “Hay que tomar la decisión política de poner el tema en agenda”

Después de la nota publicada ayer sobre el Diseño Ejecutivo de un Sistema de Prevención de Riesgos de Desastres Naturales en el Área Urbanizada de la Ladera del Cerro Curruhuinca, concluido en el 2017, RSM entrevistó a Sara Castañeda. Ella, como directora del Consejo de Planificación Estratégico coordinó el desarrollo del trabajo en ese año.

RSM: ¿En qué estado está el proyecto de contención de la Ladera del Cerro Curruhuinca?

Sara Castañeda: El proyecto tiene dos componentes fuertes. Uno es todo lo que tiene que ver con el desarrollo físico, es decir el trabajo de ingeniería, de hidráulica de los deslizamientos, y el otro y muy importante es el de hábitat, que es el más complejo. Porque del trabajo de ingeniería hay cosas con las que se podría comenzar, sin hacer los traslados de las familias, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la protección de las laderas en donde hay rocas y desprendimientos. Pero hay una cantidad de viviendas que están sobre los cauces principales y para poder comenzar a resolver el tema habría que trasladar a la gente lo que implica tener tierras y un plan de hábitat.

RSM: ¿Qué costos tendría este plan de hábitat y a cuantas familias involucra?

SC: En costos del 2017, que es cuando se realizó el proyecto ejecutivo, eran alrededor de $250 millones y afectaría a 62 familias que habría que relocalizar. Pero no se trata sólo de un plan de hábitat también hay que hacer un trabajo de contención social que es la pata que le falta a este proyecto. Esto implica un trabajo de 10 años mínimo en el que hay que comenzar con un trabajo de campo, porque las familias tienen su arraigo al lugar. Más allá de que algunas personas prefirieron mudarse, como fue el caso de 6 familias que vivían en 3 de Caballería y Sarmiento, hay muchos que no pueden ver el riesgo que implica vivir allí.

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RSM: ¿El proyecto ejecutivo contempla este trabajo social o esto es independiente?

SC: Este trabajo es independiente. En el proyecto ejecutivo se entiende que sin el trabajo social es inaplicable pero no está desarrollado. Cuando se consiga el financiamiento para el plan de hábitat se incluye el programa de gestión social y ambiental, y un plan de comunicación en el que el Estado anticipa a las familias a que están expuestas.

El COPADE comenzó a trabajar con este enfoque de riesgos todo el tema de las microregiones a propósito del COVID-19 en dónde se muestra la necesidad fundamental de los planes de comunicación.

RSM: ¿Para esto debería involucrarse el área de Desarrollo Social?

SC: Sí, por supuesto, pero fortalecida con el trabajo de consultores externos con sociólogos y psicólogos. Y también es necesaria la intervención de profesionales en el área ambiental.

Asimismo el proyecto desarrolla un sistema de alerta temprana con la instalación de sensores para detectar una lluvia importante que permite tomar medidas en tiempo real de evacuación con la intervención de Protección Civil.

Por suerte, mejoró mucho esta área a nivel municipal con personal muy capacitado que está trabajando de manera profesional. Esto es producto de las experiencias de los volcanes y de las fuertes nevadas que atravesamos estos últimos años. 

RSM: ¿Cómo se debería avanzar en este proyecto?

SC: Para mí se trata de tomar una decisión política, no sólo del intendente, sino también de todas las fuerzas políticas, con el compromiso de los concejales y la intervención de otras instituciones como Parques Nacionales.

Generalmente este tipo de proyectos no avanza porque implica enfrentarse a situaciones complicadas con resultados a mediano y largo plazo. Es necesario también poner el tema en la agenda de la Provincia y la Nación.

Después de haber desarrollado el proyecto ejecutivo están dadas la condiciones para poder avanzar en el trabajo, sólo se necesita la decisión política de poner el tema en agenda. Una agenda común a todos los actores intervinientes.

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