Cazadores furtivos deberán pagar $6 millones y realizar trabajo comunitario

El Ministerio Público Fiscal (MPF) acordó una salida alternativa para dos cazadores furtivos que fueron detenidos en las inmediaciones de Junín de los Andes con una cabeza de ciervo en su poder.

Como parte del acuerdo, deberán realizar tareas comunitarias y abonar una reparación económica destinada a instituciones locales.

La resolución se definió este martes durante una audiencia en la que la fiscal del caso, Inés Gerez, presentó los términos del acuerdo alcanzado con los imputados.

“La caza furtiva es un delito que en esta circunscripción tomamos como un tema muy serio por el impacto en nuestra fauna y la seguridad pública”, remarcó la funcionaria judicial.

El hecho

El episodio ocurrió el 31 de marzo de 2026, alrededor de las 21:20, en el sector de Puesto Aucapán. Según la investigación del MPF, personal de Fauna provincial alertó a la Policía de Neuquén sobre una camioneta Toyota Hilux sospechada de estar vinculada a actividades ilegales.

Al interceptar el vehículo, los efectivos constataron que los ocupantes —identificados como M. O. M. y P. P., junto a un tercer acompañante— transportaban en la caja una cabeza de ciervo de 16 puntas recientemente despostada.

Posteriormente, se confirmó que el animal pertenecía a una estancia de la zona, donde fueron hallados sus restos.

Durante el procedimiento se secuestraron un fusil Mauser calibre .300 con mira telescópica y supresor de sonido, visores nocturnos, binoculares, cartuchería, indumentaria de camuflaje y diversas herramientas de corte.

La fiscalía determinó además que, si bien el arma estaba registrada a nombre de uno de los imputados, este se encontraba inhabilitado por la ANMaC desde 2022 y con la credencial vencida desde 2010.

El acuerdo

La fiscalía calificó el hecho como tenencia ilegítima de arma de guerra en concurso ideal con caza furtiva. En el marco del artículo 17 del Código Procesal Penal, que promueve soluciones alternativas al conflicto, se avanzó en un acuerdo de reparación.

El mismo establece el pago de $6 millones en tres cuotas, monto que será destinado —por sugerencia de la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente— a la Casa de las Infancias “Casa Lunas” y al merendero municipal de Junín de los Andes.

Además, los imputados deberán cumplir con tareas comunitarias: 40 horas en el caso de P. P. y 20 horas para M. O. M. También se dispuso el decomiso del arma y de todos los elementos utilizados en la actividad ilegal.

El plazo para cumplir con las condiciones fijadas es de cuatro meses. Durante ese período, el MPF supervisará el cumplimiento de las obligaciones.

En caso de concretarse, los acusados podrán acceder al sobreseimiento; de lo contrario, la causa continuará su curso.

El acuerdo fue avalado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat.