El arco político local en vilo por la responsabilidad que le cabe a quienes autorizaron el pago de horas extras al personal esencial

El pago de horas regulares como horas extras sigue siendo el tema principal que mantiene en vilo a gran parte del arco político en nuestra ciudad. En las últimas horas comenzó a escucharse en diferentes medios la chance de que los concejales hagan uso del pedido de juicio político al intendente Carlos Saloniti debido a que en la auditoría, que presentó la semana pasada la contralora municipal, se pueden observar varios puntos discutibles o pagos irregulares.

En primer lugar existe un decreto nacional (DNU 297/20) emitido en el mes de marzo del corriente año al que Provincia no solo adhirió sino que también emitió su propio decreto. En los mismos se exceptúan a todos los trabajadores de la recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos. El municipio de San Martín de los Andes adhirió a ambos decretos, por lo que estos trabajadores esenciales debían prestar servicio, mientras que el resto de la población debía cumplir las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio.

Sin embargo, el Ejecutivo municipal de nuestra ciudad tomó la decisión política de abonarles a los empleados municipales las horas regulares trabajadas como horas extras, pese a no estar obligado legalmente. Es decir, se computaron las horas regulares como adicionales extraordinarias. Lo cierto es que no son solo empleados que pertenecen a la recolección de residuos quienes cobraron horas extras por montos que en algunos casos superan los 200 mil pesos.

«Acá la responsabilidad no es de los empleados municipales que trabajaron en medio de una pandemia, los responsables son aquellos que decidieron unilateralmente sobre los fondos públicos, pese al dictamen legal que indicó no debían abonarse de esa manera. Además expusieron a los empleados a un riesgo sanitario porque lo hicieron sin los cuidados necesarios para evitar un posible contagio», manifestó uno de los concejales.

Vale mencionar que el Ejecutivo municipal, en el mes de abril, solicitó al departamento legal que se expida sobre si debía abonar las horas regulares como horas extras por considerar una situación excepcional. El dictamen fue claro, no correspondía abonar las horas regulares como horas extras, puesto que no existe un “derecho adquirido” por parte de los trabajadores municipales ya que estaban incluidos dentro de las actividades establecidas como esenciales en el decreto nacional.

Días atrás Martín Rodríguez – concejal del Frente de Todos- expresó en una entrevista en Radio Fun que »hay cuestiones de legalidad, todo acto del Estado tiene que estar bajo la ley y hay cuestiones de poderes. El Ejecutivo no gasta como quiere. Está claramente establecido en qué se puede gastar y en qué no; cualquier modificación con afectación presupuestaria es una potestad del Deliberante. Si creas un nuevo ítem salarial, por ejemplo ‘Horas Covid’, no tengo dudas de que tiene que ser una instancia deliberativa. Y después está la pertinencia del gasto, el criterio. Uno tiene que trabajar con austeridad con los cuidados del caso, con la mesura necesaria por los tiempos que corren».

Por su parte, el abogado Pablo Parrilla, especializado en Derecho Empresarial y Derecho Internacional Público, fue entrevistado en FM Cadena Sur y allí indicó que «no hay dudas de que el Ejecutivo se salteó pasos institucionales al tomar la decisión de abonar abultadas partidas extras sin dar intervención al Concejo Deliberante y, además, llevó adelante esos pagos de una forma administrativamente errada, por definirlo livianamente».

Hay una cuestión que es innegable y es que el cuerpo de concejales es quien debe avanzar con el esclarecimiento, corrección y eventual sanción del Ejecutivo sobre la cuestión de los usos de los fondos públicos. Es por ello que la obligación, una vez que reciban el dictamen legal de la contralora municipal, es remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que ejerza el debido control externo y se expida en cuanto a la legalidad, legitimidad y oportunidad de los actos.

Hay otro camino también y es el de llevar al intendente a un posible juicio político, entendiendo que habría un mal desempeño de sus funciones. Ésta opción deberá sortear varias instancias, como son las votaciones previas y explicaciones que el mismo intendente deberá dar en el recinto del Deliberante sobre las actuaciones que generaron gastos exorbitantes.

Por lo pronto, desde el edificio comunal no hay muestras claras de entender la gravedad de la situación. Hasta el momento, pese a que todo el gabinete días atrás puso a disposición del intendente las renuncias, no hubo ningún cambio en los cargos que fueron responsables de las decisiones que son cuestionables.

«El actual gobierno tiene la iniciativa para poder enderezar esta situación de falta de diálogo y colaboración, tiene la oportunidad de corregir esta situación y depende del ejecutivo municipal. Alguien se va a tener que hacer cargo de las decisiones que se tomaron. Desde el Estado uno no está habilitado para hacer un ‘paga Dios’. Hay que tener la legalidad para llevarlo adelante», indicó Martín Rodríguez en la entrevista a Fun.

Los próximos días son vitales con todas las herramientas legales los concejales deberán expedirse sobre ésta incómoda situación tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Por ahora la postura del intendente es clara, «yo estoy tranquilo que las decisiones que tomo son en función de tener mejor la ciudad”, indicó días atrás.