Monín Aquín: «El Concejo Deliberante va a actuar en base al pago de las horas extras porque no hay marco legal»

Cada vez queda menos tiempo para conocer el desenlace final de cuáles son los caminos que tomarán los concejales respecto al pago de horas regulares como horas trabajadas de manera extraordinaria.

Tras haber recibido la auditoría de parte de la contralora y el informe final que por el contenido no conformó a los concejales por las distintas observaciones que se hicieron, RSM dialogó con Ana María de las Nieves Aquín, para conocer la opinión respecto a éste último informe.

Foto: Gentileza

«El Concejo Deliberante va a actuar no porque quiera sino porque tiene obligaciones. Porque un gobierno local tiene un poder ejecutivo y un legislativo, cada uno tiene atribuciones y obligaciones. Estamos convencidos de que no hay un marco legal para hacer lo que se hizo con los pagos de horas habituales como horas extras. Fundamentalmente los informes legales de los asesores legales que hemos consultado, todos dicen que no hay marco legal. Sin embargo, el asesor del Ejecutivo dice lo contrario, que la CIAP tiene autonomía y que es vinculante y que se debe aceptar el acta de la CIAP», explica Monin, como todos la conocen a la concejal Aquin.

Cabe señalar que la concejal hace referencia al Acta N° 6, donde en la misma no habilita a hacer lo que se hizo, simplemente menciona la misma que «las horas extras realizadas, se liquidan al 50%, salvo los fines de semana y feriados; y se contempla el pago a todo trabajador que ha prestado servicios desde el inicio de la pandemia, según lo establecido en el CCT, como también con respecto a las horas contempladas por los cargos jerárquicos», algo que ya era conocido.

«En este punto la contralora, Carolina Torres, «interpreta» que se hace alusión a las horas habituales y a partir de ahí se desencadena el resto de las actas, como lo son las actas 7 y 8, con el visto bueno del asesor letrado del municipio. Esas actas se hicieron después que los concejales planteamos la discusión. Es decir, se tomó la decisión política de pagar las horas habituales como horas extras y después se corrigió. En base a lo que nos dicen los abogados no creo que la CIAP tenga esas atribuciones», explica Aquin.

«Dentro de nuestro bloque creemos que no solo esto que venimos comentando sino también el hecho de ponerse a interpretar decretos y actas para acomodarse según les convenga es una locura. Los decretos son normas, no es interpretación libre, nunca. Uno las debe describir de tal modo que no queden dudas, como es el caso del decreto 1175/20 donde dice «levántese la dispensa del deber de asistencia a su lugar de trabajo de los agentes de la administración pública municipal en un 40%». No puede ser que el secretario de Hacienda y el asesor letrado que cumple funciones de subsecretario interpreten de distinta manera el mismo decreto. Eso no es normal, mucho menos si el mismo intendente dice que está armado para interpretarlo de las dos maneras, donde en una se llama al 40% de la planta municipal a trabajar y otros interpretan que 40% se toma como trabajo normal y se debe abonar el 60% restante como horas extras», comenta la concejal de Juntos por el Cambio.

Respecto a los pasos que se tomarán, Aquin explica que «hay distintos caminos a seguir pero lo tomaremos como Cuerpo del Concejo Deliberante. Son cuatro las opciones, interpelación al intendente, juicio político, enviar toda la documentación al Tribunal de Cuentas y la Justicia Penal. Los cuatro caminos no necesariamente tienen un orden, pueden algunos ser paralelos o no, pero será una decisión en conjunto. Después de tener el documento formal que estamos elaborando junto con el asesor letrado, queremos presentar a la comunidad los hechos como son en base a las cosas escritas. No se trata de la buena voluntad de nadie, hay obligaciones formales institucionales y hay obligaciones de resguardo del patrimonio». Esto que menciona Aquin tiene que ver justamente con la decisión política del intendente de abonar casi 30 millones de pesos en horas extras por horas habituales.

Hay otro detalle importante que devela la concejal respecto a los pagos realizados. «No surge de las actas de la CIAP que hayan sido los empleados o el gremio los que presionaron para tener ese beneficio. Al hacer un acta se debe poner lo que pasó y eso no está escrito, no me consta que haya sido ofrecido por el Ejecutivo o solicitado por los empleados, pero en las actas no figuran pedidos», indicó.

«Todo es una desprolijidad está a la vista, pero lo que más llama la atención es la falta de criterio y el sentir que el Estado es uno. Acá no se consideró el rol del Concejo Deliberante, que desde un primer momento en plena pandemia estuvo dispuesto a colaborar con el Ejecutivo, trabajando nada más para sacar cosas ad referéndum que necesitaba. El día 24 de abril aparece el primer dictamen del asesor letrado del municipio donde se menciona que no se pueden pagar las horas extras, pero el intendente nunca se juntó con los concejales para discutir entre todos y repartir el peso político de la decisión», manifestó la concejal.

Monin además explica que en este tiempo se logró una mancomunión entre la mayoría de los concejales, pese a que cada uno tiene su propia opinión. «No se trata de política ni de oposición. Se trata de resguardar el rol que tenemos obligatoriamente cuando juramos la Carta Orgánica, juramos respetarla y juramos por el Pueblo. De eso yo me hago cargo, entonces me parece que este desmanejo de fondos públicos en beneficio de unos pocos está mal. Acá mientras se hacían colectas para los comedores barriales, el intendente decidía pagar 200 mil y pico de pesos a un tipo porque trabajó 4 horas más. Eso no se justifica aunque fuera la única solución», cierra diciendo Aquin.

Aquin para finalizar analiza que en plena temporada de verano, donde la ciudad registró récord de visitantes, se pagaron alrededor de 5 millones y medio de pesos aproximadamente de horas extras, con todo el plantel municipal en las calles. En abril con todos los negocios cerrados, encerrados en el peor momento de la pandemia y del aislamiento social donde solo estaban abiertos algunos comercios esenciales, se abonaron más de 8 millones de pesos en horas extras. «¿Cómo se justifica eso? Esto no es normal, se lo dije a la contralora, que además veremos si hacemos algún análisis respecto a los informes que presentó», finaliza diciendo la concejal.

Como se ve, este tema seguirá teniendo varios capítulos más.

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