El Bloque del Frente de Todos presentó un proyecto de ordenanza para la adhesión al Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género

La Directora General de Derechos Humanos, Género, Diversidad y Mediación Comunitaria, Emilia Otharán, explicó a RSM que «si bien el registro es provincial y está dentro del sistema judicial y el que dictamina quienes figuran en ese listado es la justicia, es importante, simbólicamente, esta adhesión desde el Concejo Deliberante». Asimismo detalló que la Ley 3233 de Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género crea un registro en el que se incluyen a todas las personas con sentencia firme, por las causales establecidas en las Leyes 2212 y 2786 o por infracciones a las leyes de violencia familiar o contra las mujeres, «y aquellas que incumplieron las medidas que el juez o la jueza dictaminó”. 

Es frecuente escuchar que el agresor o victimario no cumple con las medidas dispuestas por el juez o fiscal, respecto a esto, Emilia Otharán manifestó que “es algo que normalmente vemos en todos los casos, no solo de femicidio, sino de violencia de género o violencia familiar» y resaltó que «en general se naturaliza el incumplimiento de las medidas. Por eso, es importante que estén dentro del Registro». Además, esto les impedirá: «Tener cargos públicos, ser funcionarios electos, empleados municipales, ingresar a las fuerzas de seguridad, e incluso se les impide acceder a habilitaciones, concesiones, licencias o carnés de cualquier tipo, permisos o cambios de titularidad o pasaporte”. 

Sobre este cambio del punto de foco, la directora de DD. HH., Género, Diversidad y Mediación aseguró que “es muy interesante también esa otra parte, que quizás sea menos difundida, en la que es al victimario al que se le da el seguimiento”. Según detalló la funcionaria, históricamente “no se lo visualiza y casi no se lo controla y se lleva todo eso hacia la víctima, para hablar claramente, el auto policial está en la puerta del domicilio de la víctima y no en la puerta del victimario, del que amenaza, mandan los famosos mensajitos de texto amenazando de muerte». 

Por último expresó que «estamos trabajando mucho desde la casa y desde la Dirección de Derechos Humanos con el tema de visibilizar más al victimario y cualquier adhesión o discusión que se dé, que tenga que ver con esto es muy importante». En este sentido subrayó que «detrás de esto siempre hay una concientización, un trabajo de los medios y de los políticos de salir a difundirlo».

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