Sin lograr el endeudamiento el gobierno provincial advirtió que no habrá pago de aumentos salariales

La polémica entre el Ejecutivo provincial y los legisladores opositores continúa siendo uno de los temas que por estas horas intranquiliza a funcionarios y a los trabajadores estatales. Es que en las últimas horas el ministro de Economía e Infraestructura de la Provincia de Neuquén, Guillermo Pons, advirtió a los gremios estatales que de no aprobarse la ley del nuevo endeudamiento se quedará sin herramientas de financiamiento para pagar los aumentos acordados.

Un informe pormenorizado emitido por el mismo contador Pons, señala que «ponen en conocimiento de los representes de los trabajadores, UPCN, Viales, ATE, ATEN, que la situación actual y los riesgos de quedarse sin más herramientas de financiamiento que las otorgadas en la Ley de Presupuesto que NO contemplaba ningún aumento salarial».

Parte del texto enviado a los representantes gremiales es el siguiente: «Luego de un trabajo coordinado en los meses de febrero y marzo del corriente año donde se logró un entendimiento mutuo, tanto de las necesidades de los trabajadores manifestado por sus representantes gremiales, como de la situación y proyección de evolución de las finanzas provinciales, se llegó a un primer acuerdo salarial suscripto en términos generales similares para los cuatro gremios estatales, con algunas premisas que dominaron tales acuerdos como fueron entre otros el alcance temporal limitado (vigencia hasta junio y nueva mesa salarial en Julio de 2021). A partir de la situación vivida por todos los habitantes de la provincia, que en mayor o menor medida sufrieron las consecuencias de 22 días de cortes de ruta por un reclamo salarial de sectores disconformes con los acuerdos celebrados, la segunda etapa de recomposición salarial se adelantó y las condiciones para volver al orden institucional requirieron de decisiones consensuadas pero firmes en una situación extraordinaria. Tal es así que este segundo acuerdo salarial -necesario en ese contexto-, no dio lugar a análisis de nuevas proyecciones ni evaluación de variables que pudieran afectar los recursos más allá de lo evaluado un mes antes para determinar la capacidad de la provincia de enfrentar los primeros acuerdos salariales. En esos momentos se buscaron soluciones a través del dialogo con los mismos “autoconvocados” y con los distintos espacios políticos que respaldaban estas manifestaciones, los que no dejaron de solicitar al Gobierno Provincial que reconozca los reclamos y convalide los aumentos salariales solicitados. El Gobierno Provincial resguardó en todo momento el rol institucional de los Gremios reconocidos legalmente para realizar negociaciones salariales, y también gestionó en forma institucional el diálogo con los representantes de las fuerzas políticas de la provincia. El acuerdo salarial al que se arribó y que dio lugar a la culminación de las protestas, también se dio en forma institucional y posteriormente se generalizó en todo el personal del Poder Ejecutivo provincial representado por cada uno de los gremios estatales y también al Escalafón General. Tanto al momento de la suscripción de dicho acuerdo como posteriormente cuando se fueron rubricando los acuerdos con los distintos gremios, se anunció que esa recomposición necesitaba financiamiento que no estaba asegurado porque excedía las previsiones, y requeriría una Ley que autorice un endeudamiento adicional. El Poder Ejecutivo presentó dicho proyecto de Ley y dio las explicaciones correspondientes respecto a la fundamentación de dicha necesidad en el ámbito correspondiente, cuestión esta que al parecer no alcanzó para distintas expresiones políticas representadas en la Legislatura Provincial que plantean un futuro muy auguroso para las finanzas provinciales que le permitirán afrontar los gastos que demandan estos acuerdos salariales sin necesidad de incrementar pasivos a partir de un generoso crecimiento de recursos propios».

En dicho documento Pons indicó que “por este motivo y el debate que públicamente vienen dando, es que evaluamos necesario poner en conocimiento de los representes de los trabajadores nuestra visión de la situación actual y los riesgos de quedarnos sin más herramientas de financiamiento que las otorgadas en la Ley de Presupuesto que no contemplaba ningún aumento salarial”.

En pos de avanzar en los acuerdos necesarios con las fuerzas políticas representadas en la Legislatura Provincial para la aprobación de la Ley de Endeudamiento presentada, hemos propuesto incluir en el proyecto de dicha Ley la creación de una Comisión Legislativa de Seguimiento del endeudamiento que se autorice, y una cláusula de reducción del monto de la autorización que se solicita, condicionado a que se cumpla un crecimiento de los recursos al fin del 3er trimestre, que garantice la posibilidad de pago de los acuerdos salariales vigentes hasta fin de año.

Pons resumió que la variación para gastos corrientes llega a los 38,2 miles de millones de pesos y que los recursos crecerán en 25,5 miles de millones, por lo que se producirá una necesidad de financiamiento de 12,8 miles de millones de pesos que es el proyecto de endeudamiento que no puede sortear la comisión de Asuntos Constitucionales por rechazo de los diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

Expuso que la necesidad de endeudamiento que se tramita en la Legislatura “claramente surge de un mayor crecimiento comprometido del gasto salarial, respecto a lo proyectado y sujeto a ejecución en los recursos”.

En cuanto a la deuda se informó que en 2020, la provincia “se vio obligada” a consumir todo el saldo de autorizaciones de crédito por lo que se inició este período sólo con el permiso emanado de la ley de presupuesto que, reiteró, “NO (sic en mayúsculas) contemplaba aumentos salariales y tenía su razón en el equilibrio financiero”.

Del endeudamiento autorizado de unos 23,1 miles de millones de pesos se usaron 4,2 miles de millones de pesos por lo que queda un resto de 18,8 miles de millones de pesos. De este monto ya están comprometidos la emisión de letras, obtención de préstamos para pagar el aguinaldo y pago de obras unos 14,1 miles de millones.

Es decir que restan tan solo $4.659,8 millones para llegar a fin de año enfrentando la totalidad de los acuerdos salariales.

Hasta mayo de este año se debieron erogar $7.967 millones de pesos, un 26% más que lo presupuestado, y desde junio a diciembre la masa subirá un 74%, para lo que se necesitarán $22.336 millones.