El Concejo Deliberante ratificó el decreto que reconoce el reclamo administrativo de Expreso Colonia y crea una comisión especial para analizarlo

El Concejo Deliberante, ratificó el decreto 2601/21 mediante el cual se hace lugar parcialmente al reclamo administrativo Expreso Colonia S.A y se crea una Comisión Técnica Especial que emitirá un dictamen sobre el reclamo de la empresa. Este reclamo planteado por la actual prestadora del servicio de transporte urbano, indica que por un incumplimiento de la ecuación económica el concesionario vio afectada su remuneración por un monto cercano a los 300 millones de pesos.

El decreto fue ratificado con el voto positivo de los bloques del MPN y de Juntos por el Cambio. Los concejales del Frente de Todos votaron en contra y su representante en la comisión de transporte, Santiago Fernández argumentó que la normativa firmada por el intendente no se ajusta a lo acordado entre los concejales y el intendente.

“El intendente nos mintió en la cara” diciendo que desconocía la propuesta realizada por la empresa indicó Fernández. “No es cierto que acordamos los términos de lo que dice la ordenanza, si no que el acuerdo especificaba la constitución de una comisión técnica para analizar todos los incumplimientos al contrato”. 

En los considerandos del decreto se indica  que el concesionario vio afectada su remuneración por la tardía fijación de la tarifa inicial y porque el sucesivo aumento y las modificaciones tarifarias dispuestas a lo largo de la concesión no compensaron el desequilibrio producido en la ecuación económica financiera.

Santiago Fernández manifestó que el intendente reconoce que hubo un incumplimiento en la ecuación económica, cuestión que no está probada en ningún momento del expediente. “Parece que todo el camino de este expediente está determinado conscientemente a resolver el recurso administrativo de parte de la empresa. El intendente se entregó a la extorsión de la empresa Expreso Colonia”, concluyó, Fernández, refiriéndose al hecho de derogar el decreto que pedía el cumplimiento de la cláusula de prórroga del contrato por un año, hasta junio del 2022.

Sobre este punto, la concejal del MPN, María Laura Da Pieve le recordó a Santiago Fernández que en los considerandos del decreto también se especifica que más allá de lo que obra en el expediente, «estas circunstancias no implican el reconocimiento en esta instancia de algún monto determinado».

En su alocución, el concejal del Frente de Todos explicó que el artículo cuarto indica que “una vez concluido el dictamen de la Comisión Técnica Especial, que deberá ser girado al departamento ejecutivo municipal para su consideración o transcurrido el plazo referido se dictará el decreto correspondiente cuantificando los prejuicios”. El decreto se va a emitir más allá de lo que disponga la comisión, agregó Fernández.

También por el MPN, la concejal Eliana Rivera indicó: «A veces es muy fácil tomar una posición de no acompañar, cuando otros siete concejales estamos dispuestos a generar una solución para garantizar el transporte público para todos los vecinos de San Martín de los Andes».