“El municipio está atrapado entre la falta de servicio y la continuidad del actual”, explicó Fernando Bravo sobre el transporte de pasajeros

El Defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo, entrevistado en RSM Radio, realizó un análisis de la situación que atraviesa el municipio con relación a la licitación del transporte urbano de pasajeros. En su opinión, el municipio se encuentra atrapado en un problema “mayúsculo”, en donde la continuidad de Expreso Los Andes está dada por la negociación de la deuda que reclama la empresa.

Para el defensor del pueblo, el municipio hizo lo que debía, llamando a licitación, tal como lo indica la Constitución Provincial y la Carta Orgánica. Pero, en su evaluación, no hay mucho que se pueda hacer si no se presentan empresas. Sin embargo “esta situación era casi previsible” agregó, no por efecto del pliego licitatorio, sino más bien “por la coyuntura que estamos viviendo, con incertidumbres en el pago de subsidios y retrasos de actualización tarifaria”.

En este momento el municipio se encuentra atrapado entre la falta de servicio y la continuidad del actual. “En mi percepción, si Expreso los Andes quiere prestar el servicio, esto va a involucrar el reconocimiento final de la deuda municipal. Por eso digo que queda atrapado, en una condición muy precaria y encima con la amenaza concreta de quedarse sin el servicio y sin la capacidad de reemplazarlo”, indicó Bravo.

Como una posible solución y según Bravo “abusando del ingenio” se podrían buscar mecanismos alternativos a través de incorporar servicios punto a punto, o aprobando un sistema de taxis colectivos. Esto sería para buscar reducir el impacto de la falta de servicio del transporte, “pero no dejaría de ser un parche”, agregó.

En relación con el rol de la Defensoría en esta situación, Bravo explicó que funciona como un organismo de control municipal sobre el ejercicio de derechos y es dentro de este marco que tiene injerencia en los servicios públicos. Sin embargo, y relacionado con esta situación, este organismo sólo puede formular recomendaciones para que las ejecute el Estado municipal y si se niega tiene que fundamentar por qué.

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