Legisladores opositores solicitaron explicaciones por el cobro indebido de planes sociales

Bloques opositores de Neuquén presentaron un proyecto para unificar la asistencia bajo un solo programa, con un monto atado al salario mínimo. También ingresaron un pedido de interpelación contra el ministro Abel Di Lucca para que explique el rol de Desarrollo Social en la millonaria estafa que semanas atrás comenzó a conocerse luego de denuncias e investigaciones judiciales.

Los programas que administra el gobierno son de difícil trazabilidad, la decisión sobre el monto que recibe cada beneficiario es discrecional y tampoco es claro qué requisitos deben cumplir para recibirlo. De enero a agosto, el Ejecutivo ya transfirió al ministerio más de 1.918 millones de pesos para que destine al Subsidio provincial para la Desocupación Laboral, el Subsidio Social Transitorio y los planes de Familia (Protección Integral de Niñez y Adolescencia, los de Protección Integral al Adulto y la Familia y los de Protección Integral al Adulto Mayor).

Es por ello que en las últimas horas diputados y diputadas del bloque Juntos por el Cambio exigen que el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Lucca, concurra a la Legislatura provincial a dar explicaciones sobre el rol que desempeñó personal de su cartera en la maniobra que derivó en el cobro indebido de planes sociales.

El requerimiento lo realizan a través de un proyecto de resolución en que se destaca la facultad del cuerpo de solicitar la comparecencia de un ministro ante el pleno de la Cámara para brindar las explicaciones que el caso amerite, tal como lo establece el artículo 184 de la Constitución Provincial. 

Al respecto, recuerda en sus fundamentos que personal de planta política del Ministerio de Desarrollo Social realizó extracciones de dinero en cajeros automáticos del Banco de la Provincia del Neuquén con tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales, situación que derivó en un uso indebido de dichos fondos. 

La fiscalía de Estado se presentó como querellante en la causa en la que se investiga la estafa con planes sociales de Desarrollo Social, cometida con tarjetas de débito del Banco de la Provincia de Neuquén. La presentación se concretó el 1° de septiembre, confirmó ayer el fiscal de Estado, Raúl Gaitán.

La intervención del organismo que representa los intereses del Estado se debe a que hay fondos del erario público comprometidos.

El monto estimado es de 123 millones de pesos, pero podría ser superior, y su destino por ahora es una incógnita.

En su carácter de querellante, la fiscalía de Estado puede impulsar la investigación, ofrecer pruebas, medidas de investigación, presentar testigos y documentación.

Por ahora el peso de la pesquisa lo lleva la fiscalía de Delitos Económicos a cargo del fiscal Marcelo Silva, supervisado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli.

La semana pasada hubo 11 allanamientos simultáneos en los que se secuestraron 30 dispositivos electrónicos, cuyo contenido se está analizando.