El Concejo Deliberante aprobó la norma que permite al municipio intervenir en espacios privados para evitar accidentes con árboles de gran porte

En el desarrollo de una sesión especial, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza de Regulación de Gestión de Riesgos de Arboleda en Solares Privados. Esta norma le otorga la posibilidad al municipio de regular y determinar los trabajos de poda y apeo dentro de los lotes privados, buscando evitar accidentes ante riesgos de caída de ramas, o de los árboles mismos.

Esta ordenanza fue impulsada por vecinos que sufrieron tragedias familiares a causa de caídas de árboles y ramas, así como también de quienes viven en zonas boscosas y perciben el riesgo que esto implica.

La norma, que entrará en vigencia 60 días después de su promulgación, establece que el dueño de un solar es responsable de realizar las podas preventivas de seguridad que supongan un riesgo para personas dentro del solar o en propiedades contiguas y que afecten al espacio público o tendidos de servicios públicos. El titular deberá tramitar la autorización de apeo y realizarlo a través de un personal autorizado.

Para ello, la misma ordenanza crea el Registro de Prestadores Privados de Poda y Apeo para quienes “acrediten idoneidad en las maniobras de poda y apeo” dejando a cargo del organismo de aplicación las formas para la inscripción y las condiciones “siendo ineludible entre ellas los seguros por riesgo propio, del personal y de terceros”.

Más allá de la poda preventiva, el municipio podrá realizar una evaluación técnica de riesgo y recomendará las acciones a llevar a cabo en un plazo de cinco días. Si la evaluación técnica dictamina que el riesgo es grave y el daño inminente, se ordenará la poda preventiva o apeo, determinando el plazo exigible.

El titular podrá solicitar financiamiento a la Municipalidad para la contratación de dichas tareas y, si no pudiera afrontar las obligaciones de poda preventiva o apeo, se realizará encuesta socioeconómica para determinar la gratuidad del procedimiento. 

El punto más complejo de la norma tiene que ver con la negativa del dueño de predio para el acceso al solar. Ante esto, el municipio solicitará el auxilio del Poder Judicial para el ingreso al lugar con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario, fundado en el grave riesgo declarado.