«Es un escándalo lo que ocurre con las denuncias de acoso y abuso en el gobierno provincial», sostuvo Andrés Blanco

A raíz del 35° Encuentro Plurinacional llevado a cabo en San Luis y la posterior asamblea realizada el sábado 22 en nuestra ciudad con diferentes actores sociales, trabajadores y trabajadores para detallar lo tratado en la provincia puntana, Andrés Blanco, diputado provincial del Frente de Izquierda, habló con RSM Radio y dejó algunos comentarios y análisis sobre los hechos de acoso y abuso sexual que fueron denunciados en las últimas horas en el gobierno provincial.

Vale mencionar que fueron denunciados el ex subsecretario de Diversidad del gobierno de la provincia del Neuquén, que renunció este lunes pasado a su cargo y el actual subsecretario de Trabajo de Neuquén, Ernesto Seguel, quien solicitó una licencia, luego de una serie de denuncias de abuso, acoso y violencia presentadas en la Justicia.

«Esto que ocurre ahora es un escándalo a todas luces, desde hace ya varios meses, desde lo del ministro Abel Di Lucca, en la estafa de Desarrollo Social, que todavía seguimos transitando los pasos de la Justicia y esperando saber quiénes son los estafadores, hasta lo de Urrutia y Seguel. Éste último en particular que nos genera mucha indignación, porque en más de una oportunidad lo hemos convocado, en pandemia y post pandemia, lo hemos convocado a través del proyecto de iniciativas de acá de la Legislatura a que venga y dé respuestas por un montón de reclamos que han vivido de muchos trabajadores. Nunca se presentó, nunca dio la cara. Es más, un bloque legislativo solicitó un pedido de informes para saber si en el interior de la provincia están abiertas las derivaciones de la secretaría de Trabajo, porque no están trabajando, no están funcionando, no por culpa de los trabajadores que prestan servicio en esos lugares, sino de la orientación que la Dirección les da», explicó Blanco.

En relación a la grave denuncia sobre acoso y abuso sexual, la abogada Angélica Acosta Meza afirmó que hay tres testigos que avalan la denuncia por acoso y abuso sexual que realizó una empleada de planta política contra el subsecretario de Trabajo, Seguel. Además remarcó que se relatarán «otras situaciones» que «dan cuenta de la sistematicidad de esas conductas».

Sobre esto, el diputado provincial, sostuvo que «estas denuncias son parte de este entramado que genera el abuso de poder. Me cuesta decir abuso, porque es algo que está totalmente naturalizado cuando alguien que tiene un cargo de funcionario público se impone por sobre los demás y puede realizar este tipo de cosas, abusar, acosar, de llegar a situaciones extremas que nos genera indignación dentro de un marco de impunidad que lo garantiza la política a través de la Justicia. Porque convengamos esto, habiendo tanta prueba y sobre todo pública, que la Justicia en su forma de operar no actúe con celeridad que los casos merecen y que la administración pública no tomen las medidas que corresponden en el marco de la ley Micaela, hace que tengamos un montón de discusiones respecto de eso que no se aplican con funcionarios públicos y que con cualquier trabajador o trabajadora habría sido una acción rápida, pero por tener una función pública quedan encubiertos».

Blanco explicó además que pese a los informes solicitados y pedidos por este tipo de denuncias a los distintos organismos «notamos que la corrupción termina siendo parte del capitalismo. Porque ostentan poder sabiendo que pueden tener este tipo de conductas con total impunidad».

«No queremos solo renuncias, sino que se hagan cargo de lo que hicieron. El problema de la renuncia es que queda impune el hecho. No es lo mismo, desvincular a un funcionario y llevarlo a un proceso que condene las acciones, que hacerlo renunciar y que con eso pague lo hecho y las culpas de las barbaridades que están haciendo. Esto que pasa es indignante», indicó Blanco, en clara referencia a la renuncia de Urrutia y al pedido de licencia de Seguel.

«Hoy no hay ley que resuelva este tipo de situaciones porque es evidente que conviven con el entramado político que brinda todo el tiempo impunidad. Este tipo de hechos es algo que debería investigarse de manera independiente y con la celeridad y el compromiso que las víctimas demandan», cerró diciendo Blanco.

Por otra parte, Acosta Meza planteó que aún no fue notificada del expediente en el que tramita el sumario administrativo contra Seguel, lo que la habilitaría a ofrecer prueba allí también. Esto permitiría, indicó, «garantizar el derecho de la víctima a una investigación estatal de oficio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva».

«Sería una paradoja que el Estado, que sanciona leyes que vedan la discriminación o buscan prevenirla, deje igualmente que las personas físicas que lo representan obren en contra de aquellos mandatos normativos», agregó. Sumó que la Convención de Belém do Pará señala el deber de diligencia reforzada en la investigación de casos de violencia contra las mujeres.

Se conjugan dos aspectos clave: uno es la asimetría de poder, ya que el denunciado tiene un puesto jerárquico (con una trayectoria de casi 30 años en el Estado), y el otro es la situación laboral de la víctima, que al no ser una empleada de planta es mucho más vulnerable por su situación contractual.