La Cámara Inmobiliaria local expresó su postura por proyecto de cesión de tierras de desarrolladores privados al municipio

La Cámara Inmobiliaria de San Martín de los Andes, por medio de su Comisión Directiva, desea manifestar su inquietud ante el proyecto de ordenanza que pretende ampliar la superficie de tierra a ceder al municipio por parte de los desarrolladores inmobiliarios incorporando formalmente la cesión de tierras privadas al dominio privado municipal para la realización de viviendas sociales.

En el comunicado emitido señalan que «en tal sentido, lamentamos profundamente que un proyecto de la naturaleza del propuesto, el cual supone una alteración de las condiciones en que los emprendedores inmobiliarios desarrollan su actividad -uno de los motores más importantes del desarrollo económico de la ciudad por su efecto multiplicador- haya sido realizada a sus espaldas, sin que pudieran contribuir en su elaboración sobre todo teniendo en cuenta que ahora pretende imponérseles bajo el argumento de la emergencia habitacional, y la celebración de una audiencia a la cual hubiera sido de recibo que fueran invitados formalmente dado su rol de particulares destinatarios de la norma propuesta».

«Pero aún dejando de lado la presión que reiteradamente viene mostrando el gobierno municipal respecto de los principales actores sociales que constituyen los pilares de la actividad económica del municipio, y su vocación para gobernar a espaldas de la realidad, el proyecto pretende imponer una solución demagógica que lejos está de resolver los problemas existentes y que una vez más mas busca disimular su propia ineficacia», expresan.

El comunicado continúa diciendo:
«La ausencia de un plan rector en materia de desarrollo urbanístico en una ciudad que ha duplicado su población en una década, con un municipio que ha construido vivienda de baja calidad y barrios dormitorio pero no ha creado tejido urbano ni previsto las infraestructuras de servicios que ese crecimiento requiere, que pre-adjudica tierras a las que no puede dar servicios porque no tiene recursos para hacerlo, que posee un banco de tierras cuyo capital desconoce porque no se discrimina dominio público y privado municipal sin que en trece años (los que van desde la sanción de la Orza 9268 (2011 a la fecha) haya resuelto la cuestión, ahora descubre que la solución al déficit habitacional es una vez más intervenir en la actividad privada, que es la única que está creando suelo urbanizable genuino, pero no para ayudarla, sino para esquilmarla con una estrechez de miras que resulta alarmante de quienes ejercen el poder que como ciudadanos todos les hemos otorgado.

No creemos que la solución al problema de tierra urbanizable sea quitarle tierras al privado para llevar adelante una gestión pública de la misma, pues más allá de la dudosa legalidad de la medida ya que ignora la incapacidad manifiesta que han demostrado a lo largo de todos estos años para gestionar el desarrollo urbanístico de un municipio sin rumbo y lo que es peor, sin destino.

Todo ello sin mencionar que la medida propuesta producirá el efecto contrario al pretendido ya que no hará mas que encarecer la tierra urbanizable y pondrá al municipio en posesión de una tierra que, como acabamos de señalar y los hechos lo comprueban, no puede gestionar ya que carece de los recursos para hacerlo.

Deseamos fervientemente por tanto que pueda enderezarse el rumbo, que la medida pueda reverse y que todos los actores involucrados, entre los cuales nos encontramos, podamos construir un destino común que resuelva un problema tan acuciante como es el de acceso a la vivienda de manera real».

El comunicado lleva la firma de María Celeste Cappi, presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Martín de los Andes.