Vecinos de Meliquina en contra del asfalto de la Ruta 63, presentan medida cautelar para frenar la obra

Vecinos de Villa Lago Meliquina presentaron una acción judicial en el Juzgado Procesal Administrativo de Zapala para frenar la pavimentación del camino que conecta la Ruta Nacional 40 con la villa.

La presentación se tramita en el juzgado Procesal Administrativo con asiento en Zapala y, de acuerdo a lo informado, ya se le dio traslado a la Fiscalía de Estado para que pueda contestar sobre la medida cautelar solicitada.

La iniciativa genera una fuerte división en la comunidad, ya que otro sector de residentes repudió la medida y solicitó ser parte de la causa como terceros interesados para defender la ejecución de la obra.

Desde el año pasado comenzaron a circular vídeos en las redes sociales en los que funcionarios anunciaban la llegada del asfalto y la energía eléctrica. Luego, el gobernador Figueroa reveló que buscaba pavimentar y desarrollar la villa para favorecer el turismo y adelantó que el asfalto se financiaría con fondos de la provincia. Anunció una inversión de $32.337.789.546. Ahora, se sabe, hay varias empresas constructoras compitiendo por la licitación.

El proyecto de asfaltado del acceso viene siendo un motivo de debate en la villa dado que hay habitantes de la zona que sostienen que las obras de pavimento afectará el entorno natural y cambiará el perfil del lugar.

“En noviembre pasado salieron con el tema del pavimento. Figueroa hizo de la conectividad una bandera y parece que va a avanzar. Cuando promocionaron esa licitación, nosotros les planteamos que no lo creíamos conveniente. Antes de abrir un acceso desde la ruta, era mejor ver el tema del agua y los residuos. Nos miraban y nos decían todo que ‘Sí’. Pero no entendieron. Avanzaron con la licitación y en los últimos días, aparecieron los del Ministerio de Tierras e Infraestructura diciendo que venían a evaluar el proyecto de tendido eléctrico”, explicó Mercedes Rosemberg, integrante de la Asociación de Vecinos, el mes pasado a Infobae.

En cambio hay otros habitantes que argumentan que la obra mejorará la seguridad vial y la accesibilidad, especialmente en invierno.

Éstos últimos, dirigiéndose al magistrado, plantearon la necesitad de «garantizar el proyecto de asfaltado» de la Ruta 63 y apuntaron contra los autores de la demanda, que habrían utilizado entre sus argumentos una vulneración del ecosistema.

Ese planteo, indicaron en el documento, «carece de fundamento» ya que la obra «cuenta con estudios de
impacto ambiental aprobados que garantizan su viabilidad dentro del marco legal vigente» y remarcaron que «los posibles cambios ambientales no pueden ser una razón suficiente para detener la obra, dado que los riesgos de no continuar con ella son significativamente mayores».

Entre las eventuales consecuencias mencionaron «graves problemas de salud, seguridad y aislamiento», que de no llevarse a cabo la pavimentación, afectarían «directamente el derecho fundamental de los habitantes a una vida digna».

Mientras se espera saber los fundamentos jurídicos de la acción presentada, el conflicto expone los intereses de unos y otros en una comunidad muy pequeña que por ahora sin tener servicios básicos discute el impacto que la infraestructura vial puede tener en su villa.