Los acusados por el fraude de los planes sociales serán juzgados por asociación ilícita y fraude

La jueza de Garantías Carina Álvarez dispuso la elevación a juicio de la causa por la estafa con dinero de los planes sociales, que tiene 17 imputados. Estos serán enjuiciados por la acusación de asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso de tarjetas de débito sin autorización de su titular. El monto de la estafa se estima en más de 150 millones de pesos, sin ajustar a valores actuales.

La magistrada coincidió con la fiscal jefe Pablo Vignaroli y con el fiscal del caso, Juan Narváez, y rechazó los todos los planteos realizados por las defensas. “La fiscalía tiene un caso para ir a juicio”, sentenció Álvarez, quien avaló la figura de la asociación ilícita, que había sido cuestionada por las defensas de varios imputados e imputadas.

“El delito requiere un acuerdo de voluntades previo de los imputados, con vocación de permanencia en el tiempo, estable, la organización de tres o más personas”, aclaró la jueza, y destacó como fin subjetivo de sus integrantes “la intención de pertenecer” a la organización, más allá del resultado. “Y comparto con el MPF en cuanto a que en la acusación se describieron el acuerdo de voluntades constitutivo de la asociación ilícita, su existencia y su estructura”, añadió.

Luego, explicó que en este caso es posible juzgar por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública, algo que habían objetado las defensas. También sostuvo que las 9.303 estafas con planes sociales atribuidas puedan ser consideradas como un único hecho. “Coincido con el MPF en que deben concurrir todos los hechos, y en el juicio, cada imputado responder por los hechos en los que haya participado”, afirmó.

De acuerdo con la investigación, la asociación ilícita se organizó en una pirámide con cinco niveles de responsabilidad, y quienes ocuparon el primer nivel serán juzgados como “jefes” de la asociación ilícita. Se trata de Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.

Luego, la investigación determinó otros cuatro niveles: como colaboradores imputó a Luis Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo y Julio Arteaga. En la función de reclutadora, quedó imputada Isabel Montoya. Como recaudadores, se incluyó a Aarón Escobar, Valeria Honorio, Ariel Krom, Emanuel Victoria Contreras y Daniel Rodríguez Quezada. Los beneficiados por la maniobra, según la fiscalía, fueron Alfredo Cury y Fernando Cardozo Regidor.

Tras resolver los distintos planteos y confirmar la intervención de un tribunal colegiado, los representantes del MPF anticiparon que buscarán penas superiores a los 3 años de prisión efectiva. La jueza dictó un cuarto intermedio hasta el miércoles 19 de marzo, cuando las partes comenzarán a debatir sobre las evidencias y los testigos que presentarán durante el juicio.