Un informe da cuenta de la situación económica de las personas que deben alquilar

Una reciente encuesta de la organización Inquilinos Agrupados expuso un panorama crítico en el acceso a la vivienda en alquiler: el 67% de los inquilinos en Argentina destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos mensuales para pagar el alquiler, mientras que el 14% debe usar más del 60% de su salario para mantenerse bajo techo.

Un tema que para los sanmartinense es bastante preocupante, dado que desde hace años, por ejemplo, se siguen dictando «Emergencias Habitacionales», sin que haya una política pública capaz de dar alguna solución a las miles de familias que no solo no pueden afrontar el pago de los precios exhorbitantes de alquileres, sino que tampoco pueden acceder a un plan de pagos para lograr la vivienda propia.

El informe, elaborado en junio a partir de casi 1.000 casos relevados en todo el país, advierte sobre una “situación de extrema gravedad social” causada por el desbalance entre ingresos estancados y costos habitacionales en constante aumento.

La presión financiera se refleja también en el elevado nivel de endeudamiento: el 72% de los encuestados admitió tener deudas, principalmente con tarjetas de crédito (56%), compras de alimentos (44%), pago de alquiler (32%) y salud (32%).

Los jubilados enfrentan una situación especialmente delicada: en promedio, destinan el 49% de sus ingresos al alquiler, sin margen para afrontar otros gastos básicos.

En nuestra ciudad, debido nuevamente al auge del turismo, los costos de los alquileres han aumentado de una manera sumamente desmedida. Por otra parte hay que mencionar que la cantidad de unidades para alquilar de manera permanente continúa descendiendo, sin contar que cada nuevo edificio que se contruye en la localidad, los departamentos son monoambientes o solo para una pareja.

En el informe dado a conocer, además se indicó que el 78% de los inquilinos afirmó que sus contratos se ajustan cada menos de seis meses. De ellos, el 55% lo hace por inflación (IPC) y apenas el 16% accede a una actualización anual.

El futuro inmediato también genera preocupación: el 89% teme no poder afrontar el alquiler en los próximos meses, y solo el 11% considera que podrá cumplir con los pagos sin dificultades.

Desde Inquilinos Agrupados alertan que esta situación no solo compromete la estabilidad habitacional de miles de familias, sino que también incrementa el riesgo de informalidad, desalojos y mayor vulnerabilidad social si no se adoptan políticas urgentes para garantizar el derecho a una vivienda digna.