Aluminé: crece el conflicto por la ocupación de tierras y el déficit habitacional

La ciudad de Aluminé atraviesa un conflicto creciente vinculado al déficit habitacional de sus pobladores. En los primeros días de junio, un grupo de personas ocupó un terreno en el ex Campo Ayoso, ubicado entre Chacra La Esperanza y Tanque, mientras que otras familias se asentaron en tierras municipales dentro de la Reserva Natural Urbana Quilque Lil.

Desde la Municipalidad de Aluminé advirtieron que este último predio “no puede ser urbanizado”, ya que no está contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial y carece de infraestructura básica. Según datos oficiales, existen actualmente 454 familias en lista de espera para acceder a un lote, lo que refleja la magnitud del problema habitacional en la localidad.

Una cronología de tensiones

La comuna informó que el 31 de mayo comenzó la ocupación ilegal de tierras municipales y que se realizó la denuncia por usurpación ante la fiscalía. Como medida cautelar, el fiscal Marcelo Jofré dispuso que no se permitiera el ingreso de personas ni materiales al predio, para evitar la consolidación de la toma.

El 3 de junio, el secretario provincial de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez, intentó mediar con los ocupantes, quienes rechazaron el desalojo voluntario. Dos días después, el intendente Diego Victoria manifestó su disposición al diálogo, pero solo una vez que el predio fuera desalojado.

El conflicto continuó con diversas instancias de mediación impulsadas por el Ministerio Público Fiscal entre el 18 y 20 de junio, sin lograr resultados concretos. El 4 de julio, una jueza autorizó el ingreso y egreso de personas en horario restringido (de 7 a 19), permiso que se mantuvo hasta el 4 de agosto.

Posteriormente, el 11 de agosto, se presentó una propuesta conjunta entre el municipio y la fiscalía: la comuna se comprometía a levantar la acusación penal, brindar acompañamiento social e incluir a los ocupantes en el registro oficial de solicitantes de lotes, siempre que el desalojo se realizara en forma pacífica. Sin embargo, la propuesta fue rechazada.

El 23 de agosto, nuevos ocupantes ingresaron por la fuerza pese a la medida judicial vigente. La fiscalía los intimó a retirarse en 24 horas y, al día siguiente, la mayoría se retiró, aunque permanecieron cinco personas en el predio, lo que llevó a abrir nuevamente una mesa de diálogo con representantes provinciales, municipales y abogados de las partes.

Un conflicto abierto

Actualmente, la causa penal se encuentra cerca de la audiencia de formulación de cargos contra los ocupantes. Mientras tanto, la situación refleja la tensión entre la urgente demanda de vivienda y las limitaciones urbanísticas y legales que enfrenta el municipio.

El conflicto, lejos de resolverse, mantiene en vilo a las autoridades locales y a las familias involucradas, en un contexto donde el déficit habitacional continúa siendo una de las principales deudas sociales de la ciudad