Fuertes críticas a jueces por la aplicación de la ley de reiterancia

En la 18° sesión ordinaria de la Legislatura de Neuquén, el bloque PRO-NCN encabezó un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial por la falta de aplicación de la ley de reiterancia N° 3514, recientemente sancionada.

El diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) recordó que junto a su bancada enviaron una carta al juez Maximiliano Bagnat, de San Martín de los Andes, para preguntarle por qué no aplicó la norma en un caso de narcotráfico, pese a haberla utilizado en un hecho de menor gravedad. “¿Por qué se le aplica reiterancia a un ladrón de gallinas y no a un narco?”, lanzó.

El legislador señaló que la nota generó respuestas críticas del Colegio de Jueces del Interior y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que interpretaron la acción como una intromisión en otro poder del Estado. Bermúdez calificó esas reacciones como “corporativas” y defendió la potestad de la Legislatura para pedir explicaciones.

También cuestionó al juez Luis Giorgetti, de Neuquén, quien en un fallo declaró la inconstitucionalidad de la norma. Según Bermúdez, la falta de aplicación de la ley favorece las “puertas giratorias” que ponen en riesgo tanto a la sociedad como a las fuerzas de seguridad.

En la misma línea, el diputado Damián Canuto (PRO-NCN) ironizó sobre la Asociación de Magistrados, a la que apodó “La Nicolino”, en referencia al boxeador Nicolino Locche, conocido como “el intocable”. “Queremos que quede claro que los jueces se sienten intocables”, afirmó, y acusó a algunos magistrados de “matar la ley” por razones ideológicas. También criticó que el Consejo de la Magistratura provincial no pueda evaluar a los jueces, tras la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la reforma constitucional de 2006.

Críticas al Gobierno nacional

El debate legislativo incluyó además cuestionamientos al Ejecutivo nacional. El diputado Alberto Bruno (Fuerza Libertaria) denunció el recorte de más de 110 mil pensiones por discapacidad en agosto, lo que implicaría un ajuste de casi 32 mil millones de pesos mensuales. “Los ajustes recaen sobre los sectores más vulnerables mientras persisten irregularidades en contrataciones públicas”, señaló.

Por su parte, el diputado Andrés Blanco (FIT-U) advirtió sobre un “ataque directo a la libertad de prensa y de expresión” por parte del Gobierno nacional. Según expuso, a través de medidas cautelares y denuncias judiciales se busca censurar el trabajo periodístico y encubrir el escándalo de coimas revelado en audios difundidos recientemente.