Neuquén: cuatro femicidios en lo que va del año y nuevo pedido para declarar la emergencia en violencia de género

En lo que va de 2025, la provincia registra cuatro mujeres asesinadas en contextos de violencia de género, lo que reavivó el reclamo político y social por medidas urgentes.

La primera víctima fue Olga Quinteros, en Piedra del Águila, en marzo. Luego, en junio, ocurrió el femicidio de Mabel Mena en Junín de los Andes. El 12 de septiembre, en la ciudad de Neuquén, fue asesinada Jessica Scarione. Una semana más tarde, en la capital, se halló el cuerpo de una joven en una cantera; ayer se confirmó que se trata de Ángela Díaz, cuya muerte se investiga también como femicidio.

El debate en la Legislatura

Ante este escenario, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) presentó nuevamente un proyecto para que la Legislatura declare la emergencia en violencia de género, con el objetivo de asignar fondos específicos a políticas de prevención y protección de víctimas.

La iniciativa ya había sido discutida en comisiones en 2023, pero nunca llegó a votarse en el recinto. Entre otros puntos, contempla:

• Un plan de viviendas para víctimas y créditos del Banco Provincia del Neuquén (BPN) para acceder a inmuebles.
• Refuerzo de equipos interdisciplinarios en hospitales y centros de salud.
• Duplicación de la planta de la Línea 148, de asistencia y denuncia.

“Neuquén está dentro de las cinco provincias con mayor tasa de femicidio y de esto no se habla. Nos parece fundamental abrir el debate y buscar salidas a esta problemática que vivimos todas las mujeres”, afirmó la diputada Julieta Ocampo, impulsora del proyecto y candidata al Congreso en las elecciones de octubre.

Otra iniciativa en discusión

En paralelo, la diputada libertaria Brenda Buchiniz presentó su propio proyecto de emergencia, que incluye la posibilidad de contrataciones directas de obras para centros de estadía transitorios, sin importar el monto de inversión.

Mientras tanto, a nivel nacional, el gobierno de Javier Milei dispuso el freno a la financiación de proyectos en la materia, lo que genera aún más incertidumbre sobre la posibilidad de avanzar en políticas públicas de protección en la provincia.