Ruta 40: formularon cargos a un conductor por un choque fatal que dejó dos muertos y dos heridos

El fiscal jefe Gastón Ávila formuló cargos contra J.G., conductor de una camioneta RAM, por el choque ocurrido el 15 de mayo sobre la Ruta Nacional N° 40, en el que murieron Nicolás y Samuel Echeveste y otras dos personas resultaron con lesiones graves.

De acuerdo con la investigación provisoria, el siniestro se produjo cerca de las 19 horas, cuando el imputado circulaba en dirección sur —desde Villa La Angostura hacia San Carlos de Bariloche— y realizó una maniobra imprudente al invadir el carril contrario. En ese momento impactó de frente contra un Renault Logan en el que viajaban las víctimas. Tras el primer choque, el automóvil giró y volvió a colisionar contra la camioneta antes de detenerse sobre la calzada. La RAM terminó en una zanja al costado de la ruta.

Responsabilidad y consecuencias

Una pericia accidentológica de Gendarmería Nacional determinó que el conductor de la camioneta fue el responsable del siniestro.

Como resultado, Nicolás Echeveste y su hijo Samuel fallecieron en el acto, mientras que una mujer sufrió una fractura de tibia y un niño presentó una fractura femoral bilateral.

El hecho fue calificado de manera provisoria como homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas, en calidad de autor.

Medidas judiciales

Durante la audiencia, Ávila solicitó al juez de garantías Juan Pablo Balderrama un plazo de tres meses para concluir la investigación, a la espera de una pericia sobre un teléfono celular. También pidió que se imponga al imputado la prohibición de salir del país y de conducir vehículos mientras dure el proceso.

El magistrado hizo lugar a la prohibición de salida del país, pero rechazó la restricción para conducir, al considerar que no encuadra dentro de las medidas cautelares previstas, aunque sí podría aplicarse como parte de una eventual pena tras la declaración de responsabilidad.

De esta manera, quedó abierta la etapa de investigación penal preparatoria, con un plazo de tres meses y con las querellas de los familiares de las víctimas que acompañaron la formulación de cargos.