Golpe judicial en la causa de los planes sociales: la fiscalía prepara un duro pedido de condenas

En una nueva audiencia del juicio por las estafas vinculadas a planes sociales en Neuquén, el fiscal del caso, Juan Narvaez, junto a las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, presentó la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF) al iniciarse el debate destinado a definir las penas que podrían recibir las personas ya declaradas responsables.

La Fiscalía de Estado, que comparte la acusación, participa del proceso a través del abogado querellante Gustavo Kohon.

Alegatos y prueba: la fiscalía buscará sostener su pedido de penas duras

La jornada estuvo centrada en los alegatos iniciales, en los que cada parte anticipó la prueba que se incorporará en los próximos días. El tribunal abrió la audiencia rechazando planteos de una de las defensas.

Parte de las pruebas de la fiscalía había sido cuestionada y rechazada en una instancia previa. Sin embargo, tras una impugnación presentada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el Tribunal de Impugnación anuló aquella resolución al considerar que el MPF no había tenido oportunidad de responder a los argumentos defensivos. La semana pasada, otro juez de garantías admitió finalmente la prueba, habilitando su incorporación al juicio de determinación de pena.

En total, el Ministerio Público Fiscal presentará 33 testigos, entre ellos las dos contadoras de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, autoras de pericias técnicas clave para sostener la acusación.

Los hechos: una maniobra que desvió más de $153 millones

Los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees ya habían considerado acreditado que 12 de las 14 personas juzgadas cometieron el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Sin embargo, descartaron la figura de asociación ilícita que había planteado inicialmente la fiscalía.

Según la investigación, entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022 se llevaron a cabo maniobras defraudatorias que implicaron un perjuicio total de $153.377.900. La operación consistía en captar beneficiarios de programas sociales destinados a personas desocupadas, retener sus tarjetas de débito y administrar los cobros. En algunos casos, los titulares desconocían completamente que figuraban como beneficiarios.

Los reclutados recibían una parte mínima del subsidio —en torno a los $49.000— mientras que, según la teoría fiscal, el resto del dinero era entregado a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN). El armado de la maniobra implicaba un entramado administrativo y operativo con roles distribuidos.

Condenas previas y lo que viene

Antes del inicio del juicio, nueve personas ya habían sido condenadas mediante acuerdos abreviados. Reconocieron haber participado en tareas como retirar dinero de cajeros automáticos o cobrar cheques para entregar la recaudación a niveles superiores de la organización. Recibieron tres años de prisión condicional, cumpliendo reglas de conducta y aportes económicos a instituciones públicas.

Los condenados son Gustavo Roberto Mercado, Aarón Escobar, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño, Pamela Alejandra Cea, Rodolfo López, Adrián Meza Lizama y Omar Ulises Rodríguez Quezada. En uno de los casos se restituyó la totalidad de lo defraudado.

Fechas clave y expectativa por las penas

Las audiencias continuarán hasta el 5 de diciembre. Cada parte presentará su prueba testimonial y documental antes de los alegatos de cierre, momento en que se formalizarán las solicitudes de pena. La fiscalía ya adelantó que pedirá prisión efectiva para los responsables; las defensas buscarán penas mínimas que permitan evitar la cárcel mediante condenas condicionales.

El juicio avanza hacia su tramo final, en el que se definirá la responsabilidad penal y el alcance de las sanciones para una de las maniobras de fraude más significativas de los últimos años en la administración de planes sociales en la provincia.