El Gobierno acelera la privatización de las represas: siete empresas ya están en carrera

El Gobierno nacional dio un paso clave en el proceso de privatización de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, consideradas estratégicas para el sistema energético argentino. Este jueves, el Ministerio de Economía oficializó la precalificación de siete empresas y consorcios, que continuarán a la siguiente etapa de la licitación.

Las ofertas económicas se conocerán este viernes desde las 10, a través del sistema CONTRAT.AR, en lo que será una jornada decisiva para el futuro del complejo hidroeléctrico.

Siete empresas siguen en carrera

Entre las compañías habilitadas figuran cuatro de los actuales operadores del sistema: Enel, AES Argentina, Central Puerto —que competirá asociada con Central Costanera— y Orazul. A ellas se suman tres nuevos actores que buscan ingresar al negocio: grupos encabezados por Edison, Aluar–Genneia y Pampa Energía.

La licitación prevé la venta del 100% del paquete accionario de las sociedades que hoy gestionan las represas Alicurá, El Chocón–Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados–Planicie Banderita, que en conjunto proveen alrededor del 15% de la energía eléctrica del país. Las concesiones tendrán una duración de 30 años.

Un nuevo esquema de operación

Desde la Secretaría de Energía señalaron que el proceso representa un avance decisivo hacia “un modelo energético basado en la competencia, la eficiencia y la inversión privada”, alineado con el programa de privatizaciones impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El Estado espera recaudar aproximadamente u$s 500 millones, y plantea un esquema mixto que combina mayor presencia privada, un control estatal reforzado y la participación de las provincias de Neuquén y Río Negro, que podrían acceder hasta al 10% del capital accionario de las nuevas operadoras.

Obligaciones de los futuros concesionarios

Las empresas que resulten adjudicatarias deberán:

• Pagar un canon por el uso del agua.
• Destinar parte de sus ingresos a obras de infraestructura hídrica definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

El avance del proceso mantiene en alerta a sectores políticos y sindicales de la región, mientras las provincias siguen de cerca cada movimiento ante el impacto estratégico y económico que implicará el nuevo esquema de administración de las represas.