La Contraloría denunció como ilegal la medida de fuerza en Planeamiento Municipal

La Contraloría Municipal que tiene como Contralor a Jorge Fernández, presentó una nueva denuncia formal en la que calificó como ilegal la medida de fuerza llevada adelante en la Secretaría de Planeamiento, que durante más de una semana funcionó bajo la modalidad de “asamblea permanente” y provocó la paralización total del área.

Según informó el organismo de control, la acción no cumplió con los requisitos exigidos por la normativa vigente para este tipo de medidas, entre ellos la notificación al organismo laboral correspondiente y la intervención formal de las partes involucradas.

En el marco de la investigación, la Contraloría verificó ante la Subsecretaría de Trabajo que no existió una denuncia formal del conflicto, no intervino ningún gremio y tampoco hubo participación del Ejecutivo Municipal, condiciones indispensables para que una medida de fuerza sea considerada legal.

Ante la ausencia de estos elementos, la denominada “asamblea permanente” fue encuadrada como una huelga ilegítima.
Impacto en la atención al público

Como consecuencia de la medida, durante más de una semana no hubo atención al público, se interrumpieron trámites administrativos y se paralizaron obras públicas y privadas, lo que afectó de manera directa a vecinos y al normal funcionamiento del Estado municipal.

Desde la Contraloría señalaron que la situación generó perjuicios concretos a la comunidad, especialmente en un área estratégica como Planeamiento.

Frente a este escenario, el organismo solicitó al intendente municipal que, en uso de sus facultades legales, disponga el descuento de los días no trabajados a los empleados involucrados.

Argumentaron que los haberes correspondientes a jornadas en las que no se prestaron tareas no deben abonarse cuando la medida de fuerza resulta ilegal.

Asimismo, remarcaron que todas las verificaciones y conclusiones quedaron asentadas en actas oficiales, que respaldan tanto la denuncia presentada como las medidas solicitadas.

El caso abre un nuevo capítulo en el conflicto interno del municipio y podría derivar en definiciones administrativas y legales en los próximos días.