Analizan un proyecto para implementar exámenes toxicológicos obligatorios en áreas críticas del sistema de salud

La Legislatura de Neuquén comenzó a analizar un proyecto de ley que propone implementar exámenes toxicológicos obligatorios para trabajadores del sistema de salud que se desempeñen en áreas críticas.

La iniciativa tomó estado parlamentario y será tratada en la comisión de Desarrollo Humano y Social (C).

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, alcanza tanto al personal del sistema sanitario público como privado que cumple funciones en sectores de alta complejidad, como guardias, unidades de terapia intensiva, quirófanos, neonatología y sistemas de emergencias.

Según se explicó, estos ámbitos presentan condiciones laborales particularmente exigentes, con altos niveles de estrés, sobrecarga emocional, turnos prolongados y exposición frecuente a situaciones traumáticas.

La propuesta fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura del 55º período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Neuquén, donde sostuvo que el objetivo es priorizar la seguridad de los pacientes sin desconocer los derechos y garantías de los trabajadores de la salud.

En ese marco, el mandatario señaló que la medida apunta a asegurar que los profesionales que cumplen tareas en áreas sensibles se encuentren en condiciones adecuadas para ejercer su función.

“De esta manera se garantiza profesionales aptos, se protegen vidas y se elevan los estándares de calidad asistencial”, indicó.

El proyecto plantea la implementación de un sistema integral de control toxicológico que combine acciones de prevención, detección temprana y acompañamiento terapéutico.

Entre otras medidas, prevé controles al ingreso a funciones críticas, evaluaciones periódicas y aleatorias, controles por causa fundada y procedimientos posteriores a incidentes críticos.

Asimismo, incorpora una serie de garantías para el personal sanitario, entre ellas la confidencialidad de los resultados, la protección de los datos personales, el derecho de defensa, la posibilidad de contraprueba y el debido proceso administrativo.

La iniciativa también propone un enfoque sanitario y no punitivo, al reconocer las adicciones como problemáticas de salud que requieren intervención profesional y acceso a tratamiento.

En ese sentido, contempla la creación de programas provinciales de prevención y rehabilitación destinados específicamente a trabajadores del sector, promoviendo la reintegración laboral cuando resulte posible y seguro.

Desde el Ejecutivo indicaron que la propuesta toma como referencia experiencias normativas comparadas y regulaciones vigentes en otras actividades donde la seguridad de terceros resulta prioritaria.

De este modo, se busca adaptar esos antecedentes a las particularidades del sistema sanitario y garantizar un equilibrio entre la protección del derecho colectivo a una atención segura y el respeto a los derechos individuales de los trabajadores.