La CGT busca frenar la reforma laboral en la Justicia tras la derrota en el Congreso

Luego de la sanción de la reforma laboral durante las sesiones de verano, la Confederación General del Trabajo apuesta ahora a la vía judicial para intentar frenar la implementación de la norma, en medio de un escenario interno marcado por tensiones y falta de coordinación.

El primer paso fue la presentación de un amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, con el objetivo de que se deje sin efecto la decisión de traspasar el Fuero Laboral del ámbito nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa disposición fue incluida dentro del paquete legislativo aprobado recientemente por el Congreso.

La estrategia judicial aparece como una de las pocas cartas que le quedan a la central obrera tras el revés político que significó la aprobación de la reforma impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.

Clima interno de incertidumbre

Dentro de la central sindical admiten que el escenario es complejo. Fuentes gremiales señalaron que “reina el caos” en la conducción, mientras algunos dirigentes mantienen interrumpidas las comunicaciones internas.

Entre ellos aparece Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato de conducción junto a Jorge Sola y Octavio Arguello.

En la sede de la CGT, ubicada en la calle Azopardo, reconocen que tras la derrota legislativa los próximos frentes de disputa serán la Justicia y la movilización callejera.

Antecedente judicial

Los gremios mantienen cierto optimismo basado en un antecedente reciente. En enero de 2024, la Justicia suspendió el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que había sido presentado por Milei poco después de asumir la presidencia.

Ese decreto incluía varias medidas que finalmente terminaron incorporándose a la reforma laboral sancionada este año, entre ellas la implementación del llamado “banco de horas”, que permite modificar las jornadas laborales según la demanda del empleador, y nuevas limitaciones al derecho a huelga para actividades consideradas esenciales.

El expediente terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la apelación del Gobierno, aunque el máximo tribunal nunca resolvió de fondo el conflicto. Con la reforma ya aprobada por el Congreso, en el sindicalismo consideran poco probable que esa causa vuelva a reactivarse.

Un frente opositor debilitado

Mientras tanto, el espacio de gremios opositores que había comenzado a articular protestas también muestra signos de desactivación.

Entre las organizaciones que habían impulsado movilizaciones se encontraban la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y la Asociación Trabajadores del Estado.

Tras las marchas realizadas en Rosario, Córdoba y frente al Congreso el 27 de febrero —día en que se sancionó la ley—, ese armado opositor quedó sin nuevas acciones definidas.

Por su parte, ATE participó recientemente de la negociación paritaria del sector estatal y rechazó la propuesta de aumento salarial del 2,2% para febrero ofrecida por el Gobierno.

La oferta, sin embargo, fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación, uno de los sindicatos más influyentes dentro de la CGT.

En este contexto, el sindicalismo busca reorganizar su estrategia mientras apuesta a que la vía judicial pueda convertirse en el principal obstáculo para la aplicación plena de la reforma laboral.