Fondos del estacionamiento medido: archivan la denuncia, aunque persisten dudas sobre el circuito del dinero

El Ministerio Público Fiscal resolvió desestimar la denuncia presentada contra la Municipalidad de San Martín de los Andes por el uso de una cuenta de Mercado Pago destinada al cobro del estacionamiento medido.

Sin embargo, la investigación dejó expuestos algunos aspectos administrativos que alimentan interrogantes sobre el funcionamiento del sistema y los circuitos de control.

La decisión fue tomada por el fiscal jefe Gastón Ávila, quien concluyó que no se configuró un delito penal luego de analizar la información recabada durante la investigación iniciada tras la denuncia presentada el 20 de enero por el contralor municipal Jorge Alberto Fernández.

El planteo del contralor apuntaba a la creación y administración de una cuenta de Mercado Pago a nombre del municipio que, según indicó, operaba por fuera de los circuitos habituales de tesorería y contabilidad.

A partir de esa situación se mencionaron posibles delitos como administración fraudulenta, malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Una cuenta con miles de operaciones

Durante la investigación, la fiscalía solicitó información al área legal de Mercado Pago, entrevistó a funcionarios municipales —entre ellos la contadora, la tesorera y el entonces secretario de Economía y Hacienda— y requirió documentación al municipio para reconstruir el funcionamiento de la cuenta.

De acuerdo con los datos reunidos, la cuenta registró cerca de 50.000 operaciones en un período de dos años y tres meses, desde su apertura en junio de 2024.

En ese lapso se realizaron dos transferencias a la cuenta oficial del municipio en el Banco Provincia del Neuquén:
– Diciembre de 2025: $78.811.842,67
– Enero de 2026: $12.724.672,01

En total se transfirieron $91.536.514,68. Al 21 de enero de 2026, el saldo que permanecía en la cuenta era de $25.135.014,50.

El volumen de operaciones y el monto acumulado fueron parte de los puntos analizados durante la investigación, ya que la denuncia inicial advertía sobre la posibilidad de que los fondos no estuvieran bajo los mecanismos tradicionales de control contable.

La fiscalía descartó delito

Según estableció la fiscalía, la apertura de la cuenta no fue un procedimiento clandestino, ya que estaba respaldada por el Decreto 386/24, firmado por el intendente, que autorizó el uso de plataformas de pago electrónico para el cobro del estacionamiento medido.

Tras revisar la documentación y los movimientos bancarios, el fiscal Ávila concluyó que “ni un solo centavo fue desviado de las arcas del municipio hacia terceros o en beneficio de algún funcionario”, por lo que descartó las figuras penales de peculado o malversación de fondos.

También rechazó el planteo referido a un posible perjuicio económico por no haber invertido el dinero para generar intereses.

En su dictamen explicó que en la administración pública suele primar un criterio de prudencia, privilegiando la disponibilidad inmediata de los recursos por sobre la obtención de rendimientos financieros.

Demoras y tensiones institucionales

La investigación sí confirmó que hubo demoras en responder los pedidos de información realizados por el contralor, una situación que había alimentado las sospechas iniciales.

Para la fiscalía, ese comportamiento no configura un delito penal, aunque dejó abierta la puerta a eventuales sanciones en el ámbito administrativo.

El propio fiscal recomendó que en adelante los requerimientos de información se respondan en tiempo y forma para evitar nuevos conflictos institucionales.

Una resolución que no cierra el debate

Con estos argumentos, el Ministerio Público Fiscal resolvió desestimar la denuncia al considerar que los hechos investigados no constituyen delito, conforme al artículo 131 inciso 1 del Código Procesal Penal de Neuquén.

No obstante, el caso dejó planteadas preguntas sobre los circuitos de control, la periodicidad de las transferencias y la administración de fondos públicos a través de plataformas privadas, cuestiones que fueron parte del origen del conflicto entre el área de contralor y el Ejecutivo municipal.

El contralor municipal fue notificado de la resolución y tiene cinco días para solicitar la revisión ante un juez de garantías, lo que podría reabrir la discusión sobre el procedimiento utilizado para gestionar los recursos del estacionamiento medido.