Histórica condena en San Martín de los Andes: nueve integrantes de una banda narco fueron sentenciados

El Ministerio Público Fiscal (MPF) logró una de las condenas más relevantes en materia de microtráfico en la provincia al obtener sentencia contra nueve personas que integraban una organización dedicada a la venta de drogas en San Martín de los Andes.

Varios de los condenados también fueron hallados culpables por delitos graves como lesiones con ensañamiento, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tentativa de robo.

La resolución fue presentada en audiencia por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura, y contó con el aval del juez de garantías Ignacio Pombo.

Según destacaron fuentes judiciales, se trata de la sentencia más significativa desde que la provincia asumió la competencia para investigar el microtráfico de drogas en febrero del año pasado.

Las condenas

El acuerdo pleno incluyó penas de prisión efectiva y condicional, además de importantes multas económicas:

• Luis Fernando Tarraga: 7 años y 6 meses de prisión efectiva (unificada con otra condena) y multa de $5.400.000.

• Mauricio Jairo Zalazar: 6 años de prisión efectiva y multa de $5.400.000.

• Santiago Alejandro Cruces: 6 años de prisión efectiva y multa de $5.400.000.

• Juan Alberto Lefimán: 6 años de prisión efectiva y multa de $5.400.000.

• David Ángelo Argel: 4 años y 6 meses de prisión efectiva y multa de $5.400.000.

• Maximiliano Manuel Barrera: 3 años de prisión efectiva y multa de $2.700.000.

• Hugo Orlando Reucán: 3 años de prisión condicional y multa de $2.700.000.

• Martín Alejandro Miranda: 3 años de prisión condicional y multa de $2.700.000.

• Carola Isabel Videla: 3 años de prisión efectiva y costas del proceso.
  

Cómo operaba la banda

La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de la organización entre junio y agosto de 2025.

Según la acusación, el principal operador era Tarraga, quien coordinaba las maniobras desde una celda en la Comisaría 5 de Centenario.

Desde allí, dirigía a Cruces y Zalazar, quienes se encargaban de la distribución y cobro.

En San Martín de los Andes, Argel administraba un punto de venta en una casilla del barrio Gobernadores Neuquinos, donde se comercializaban estupefacientes y se manejaban pagos en efectivo y a través de cuentas digitales, algunas de ellas facilitadas por Reucán.

La red también incluía otros puntos de venta, como el que operaba Lefimán en el barrio Chacra 30, y roles logísticos como el de Miranda, quien realizaba entregas.

Uno de los procedimientos clave ocurrió el 13 de mayo de 2025, cuando un allanamiento permitió secuestrar droga, dinero, elementos de corte y registros vinculados a la actividad ilícita.

Violencia extrema y otros delitos

Además del narcotráfico, la causa incluyó hechos de extrema violencia. El 20 de agosto de 2025, Zalazar, Cruces y Lefimán, junto a otras personas, privaron de la libertad a un hombre y lo sometieron a una brutal golpiza con armas blancas y golpes, provocándole múltiples heridas.

La víctima logró escapar tras arrojarse por una ventana.

También se acreditó que Argel amenazó al juez de faltas Carlos Fernando Sánchez Galarce en agosto de 2025, en el contexto de la clausura de uno de los puntos de venta.

Otro de los hechos juzgados fue el encubrimiento por parte de Lefimán, quien recibió una motocicleta robada, y el intento de robo cometido por Reucán en octubre de 2025 en una vivienda del barrio Villa Paur, frustrado por la intervención policial.

Un fallo clave contra el microtráfico

El caso marca un precedente en la lucha contra el narcomenudeo en la región, no solo por la cantidad de condenados sino por la complejidad de la investigación, que permitió desarticular una estructura con distintos niveles de organización, puntos de venta y roles definidos.

Desde el MPF remarcaron que este tipo de sentencias refuerzan la política criminal orientada a combatir el microtráfico y los delitos conexos que afectan directamente a las comunidades locales.