Liberan al ‘tirador de ATE’: el hombre que intentó matar a un fotógrafo y disparó contra una multitud

La Justicia resolvió otorgar la libertad condicional a Pedro Jofré, conocido públicamente como el “tirador de ATE”, el hombre que en 2022 abrió fuego en plena protesta sindical en San Martín de los Andes e intentó matar a varias personas, entre ellas a dos fotógrafos de nuestra ciudad.

El hecho ocurrió el 29 de julio de 2022, durante una manifestación del gremio estatal ATE.

En ese contexto, Jofré extrajo un arma de fuego y disparó contra quienes se encontraban en el lugar, generando una escena de extrema violencia y pánico.

Como consecuencia del ataque, resultó gravemente herida la trabajadora municipal Elena Cabeza.

Además, el agresor apuntó directamente contra dos reporteros gráficos que cubrían la protesta. Entre ellos se encontraba Federico Soto, fotógrafo de RSM, quien no solo fue blanco de los disparos sino que también logró captar con su cámara el instante exacto en que el atacante abría fuego, una imagen que luego se convirtió en prueba clave del caso.

La investigación determinó que Jofré actuó con intención de matar, lo que derivó en su condena a 8 años de prisión efectiva por tentativa de homicidio agravado, portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento.

El condenado comenzó a cumplir la pena en 2023 y, con el paso del tiempo, fue incorporado al régimen progresivo previsto por la ley de ejecución penal.

Este proceso incluyó primero salidas transitorias bajo estrictas condiciones y supervisión judicial. En 2025, se le autorizaron salidas controladas de apenas 12 horas cada dos meses.

Además, se aplicaron reducciones en el cómputo de la pena por actividades realizadas en el penal, lo que aceleró su acceso a instancias más flexibles del régimen.

Finalmente, tras cumplir el tiempo mínimo exigido por la normativa vigente, la jueza de ejecución resolvió el 13 de abril incorporarlo al régimen de libertad condicional.

Sin embargo, la medida incluye restricciones clave: Jofré tiene prohibido ingresar a San Martín de los Andes y no podrá establecer ningún tipo de contacto con las víctimas durante el tiempo restante de su condena.

La decisión reabre el debate sobre los beneficios en el sistema penitenciario en casos de violencia extrema, especialmente en un hecho que tuvo como blanco no solo a trabajadores sino también a periodistas que ejercían su labor en el lugar.