Formulan cargos a banda narco con tentáculos en Junín y SMA

Una organización dedicada al tráfico de cocaína que operó durante cuatro meses en Junín de los Andes —y que extendió su actividad hasta San Martín de los Andes— fue desarticulada tras allanamientos realizados el 2 de mayo. Ocho personas enfrentan cargos formales por comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La banda, sus roles y los puntos de venta

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, la organización funcionó entre enero y fines de abril de 2026 con una estructura jerárquica y división clara de tareas. Dos cabecillas se encargaban de proveer clorhidrato de cocaína, fraccionarla y distribuirla entre los vendedores. La banda utilizó sucesivamente distintos domicilios como puntos de acopio y venta: primero en calle Los Maitenes, luego en 25 de Mayo y finalmente en el barrio Nehuenche. Los vendedores dividían la droga en dosis y la comercializaban utilizando balanzas de precisión, mientras parte del dinero circulaba a través de billeteras virtuales.

Uno de los imputados está señalado por facilitar su vehículo para el traslado de estupefacientes y por extender la actividad a San Martín de los Andes.

Qué se secuestró en los allanamientos

En los operativos del 2 de mayo se incautaron 187,65 gramos de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y materiales de fraccionamiento. También se secuestraron armas de fuego y municiones sin autorización legal, lo que derivó en imputaciones adicionales por tenencia ilegal de armamento.

Los cargos y la polémica por las medidas cautelares

La imputación fue formulada por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura, quienes atribuyeron a los acusados los delitos de comercio y tenencia de estupefacientes agravados por la participación organizada de tres o más personas. La audiencia estuvo a cargo de la jueza de garantías Vanesa Macedo Font, quien avaló la formulación de cargos.

Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la fiscalía y dispuso en cambio restricciones como la prohibición de contacto entre los imputados y con personas vinculadas a la investigación, además de presentaciones periódicas. Tras esa resolución, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la revisión de la decisión. La causa continúa en etapa de investigación.