Golpe al microtráfico en Neuquén: secuestraron bienes, hubo 130 allanamientos y más de 100 condenas

El gobierno de la Neuquén reglamentó la Ley 3488 y avanzó en un paso clave para la implementación plena de la desfederalización del narcomenudeo en la provincia.

La medida fue oficializada a través de un decreto del Poder Ejecutivo provincial, que establece los mecanismos necesarios para la aplicación efectiva de la normativa en todo el territorio neuquino.

La ley habilita a la Provincia a asumir competencias en delitos de menor cuantía relacionados con el tráfico, tenencia y comercialización de estupefacientes, en el marco de la legislación nacional vigente.

El objetivo central es agilizar las investigaciones y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de seguridad y justicia frente a un delito que impacta directamente en los barrios.

El Ministerio de Seguridad fue designado como autoridad de aplicación y tendrá un rol central en la articulación de políticas públicas, recursos y acciones conjuntas con el Poder Judicial y otros organismos provinciales.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que “esta reglamentación nos permite dar un paso firme en la implementación de una herramienta estratégica para la provincia.

La desfederalización nos acerca al territorio, nos permite actuar con mayor rapidez y dar respuestas concretas frente a un delito que afecta directamente a nuestros barrios”.

Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la administración de los bienes y fondos decomisados durante las investigaciones.

Según establece la normativa, esos recursos serán destinados a programas de prevención y rehabilitación de consumos problemáticos, al fortalecimiento de las políticas de seguridad —incluyendo equipamiento, capacitación e investigación— y al funcionamiento del sistema judicial.

“Cada recurso que se recupere del delito va a volver a la comunidad en forma de prevención, más seguridad y mejor capacidad del Estado para investigar y juzgar”, remarcó Nicolini.

La reglamentación también fija procedimientos específicos para la gestión de bienes secuestrados, que deberán ser inventariados, valuados y destinados a subasta, reutilización o destrucción bajo criterios de transparencia y eficiencia.

Además, se establecieron mecanismos para la destrucción de estupefacientes, tarea que estará a cargo del Poder Judicial y del Ministerio de Seguridad, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

La normativa contempla controles estrictos, plazos definidos y registros detallados para garantizar la trazabilidad y transparencia del procedimiento.

Desde el gobierno provincial señalaron que, durante el primer año de implementación de la desfederalización, ya se registraron más de 100 condenas por microtráfico y multas superiores a los 400 millones de pesos, afectando directamente la estructura económica de las organizaciones delictivas.

En paralelo, las estadísticas oficiales reflejan una disminución del 27,7% en los delitos vinculados al narcomenudeo y una baja del 16,3% en el delito general.

También se destacó el fortalecimiento de la participación ciudadana, con más de 2.200 denuncias anónimas recibidas.

En el plano operativo, las fuerzas provinciales realizaron más de 130 allanamientos y pusieron a más de 150 personas a disposición de la Justicia, además del secuestro de drogas, armas y vehículos.

Según destacaron desde la Provincia, la desfederalización permitió mejorar la eficacia de la persecución penal, optimizar recursos y fortalecer la coordinación entre las autoridades judiciales y de seguridad.

Asimismo, se avanzó en la desarticulación de kioscos narco, la recuperación de espacios públicos y el decomiso de bienes vinculados al delito.