Familias denuncian más de 15 días sin clases en 7° grado de la Escuela 313

Familias de estudiantes de 7° C de la Escuela 313 de San Martín de los Andes denuncian que sus hijos acumulan más de 15 días sin clases presenciales reales solo en mayo, recibiendo únicamente cuadernillos sin explicación ni acompañamiento pedagógico desde el inicio del ciclo lectivo.

Las familias del curso sostienen que la situación de desorganización comenzó en febrero y se extendió durante todo el año sin respuestas concretas por parte de las autoridades educativas. Según el reclamo, los estudiantes no reciben explicaciones docentes, sino materiales con contenidos que consideran básicos e insuficientes.

Sin respuestas ni plazos tras meses de reclamo

En una reunión realizada esta semana, las familias señalaron que la Supervisión educativa no estuvo presente a pesar de la gravedad del conflicto y de los reiterados pedidos de respuesta. Los directivos del establecimiento reconocieron que muchas de las decisiones «venían tomadas desde arriba», sin poder precisar plazos ni soluciones concretas.

Las familias afirman estar cansadas de la falta de planificación y de que se minimice el impacto real que la situación tiene sobre los chicos. Tras meses de reclamos, aseguran que la única propuesta concreta es resignar horas de clase y aceptar condiciones que consideran precarias.

Instituciones que se niegan a recibir a los estudiantes

Otro punto de preocupación mencionado en el comunicado familiar es que algunas instituciones se habrían negado a ceder espacios o habrían puesto condiciones para recibir al curso. Las familias indicaron que el horario propuesto de 9 a 12 surge precisamente para evitar que los estudiantes compartan espacios con otros cursos, lo que reduce aún más la carga horaria.

Traslados a pie como problema de seguridad

A la falta de clases se suma una preocupación por el traslado: varias familias deberán enviar a sus hijos en transporte público y luego caminar más de diez cuadras para llegar al establecimiento propuesto. Las familias consideran que esto contradice el argumento de «priorizar la seguridad» que esgrimen las autoridades para justificar la reorganización.

Las familias de 7° C exigen respuestas reales, soluciones urgentes y que las autoridades educativas provinciales asuman la responsabilidad que les corresponde.