La Justicia avaló el allanamiento al abogado Trova, acusado de narcotráfico y tenencia de armas

El Tribunal de Impugnación rechazó el recurso presentado por la defensa de Facundo Trova y confirmó la legalidad del allanamiento realizado en una habitación del hotel Caupolicán, donde se secuestraron estupefacientes y un arma de fuego, además de concretarse la detención del imputado.

La resolución ratificó lo dispuesto previamente por el juez de garantías y respaldó la postura sostenida por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura, quienes defendieron la validez del procedimiento realizado el pasado 4 de abril.

La defensa de Trova había cuestionado el accionar policial al sostener que el ingreso a la habitación se realizó sin orden judicial y vulneró el derecho a la intimidad del acusado.

En ese marco, solicitó la nulidad del allanamiento, de la detención y de todos los elementos secuestrados durante el operativo.

Sin embargo, el Tribunal de Impugnación entendió que existieron circunstancias excepcionales que habilitaron el ingreso sin autorización judicial.

Según se expuso durante la audiencia, empleados del hotel solicitaron acompañamiento policial por temor a lo que pudiera encontrarse dentro de la habitación, utilizada previamente por otro imputado investigado en una causa por microtráfico.

De acuerdo con lo planteado por la fiscalía, cuando los efectivos policiales llegaron al lugar escucharon movimientos en el interior y advirtieron la manipulación de un arma de fuego por parte de una persona que se encontraba dentro de la habitación.

Posteriormente se constató que se trataba del abogado Facundo Trova, quien horas antes había intervenido como defensor del huésped registrado en el lugar.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Impugnación integrado por el juez Nazareno Eulogio y las juezas Patricia Lupica Cristo y Estefanía Sauli.

Los magistrados consideraron que el procedimiento encuadró dentro de las excepciones previstas en el Código Procesal Penal para los casos de presunta flagrancia, por lo que resolvieron confirmar íntegramente la decisión del juez de garantías y rechazar el planteo de la defensa, con imposición de costas.