Zona Fría en la mira: el Gobierno cambia el esquema y crece la preocupación por las tarifas
La Cámara de Diputados debatió este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para reformular el régimen de subsidios al gas en zonas frías, una iniciativa orientada a reducir el costo fiscal del esquema, focalizar la asistencia en hogares vulnerables y modificar el sistema de financiamiento del beneficio.

La propuesta integra un paquete más amplio de reformas energéticas enviado por el Poder Ejecutivo, que también incluye mecanismos para regularizar deudas del Mercado Eléctrico Mayorista, cambios tarifarios y la eliminación de regímenes promocionales vinculados a la actividad hidrocarburífera.
El debate parlamentario se produce luego de que el Gobierno cuestionara la ampliación del régimen aprobada en 2021 mediante la Ley 27.637, al considerar que desnaturalizó el esquema original y provocó un fuerte incremento de subsidios cruzados financiados por el conjunto de los usuarios del país.
Qué cambia con el nuevo proyecto
La iniciativa mantiene el beneficio histórico para usuarios de la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, donde continuará aplicándose una bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes.
Sin embargo, introduce modificaciones para los usuarios incorporados por la ampliación territorial de 2021.
De acuerdo con el texto oficial, los hogares ubicados en esas zonas ampliadas solo podrán acceder al subsidio adicional si están inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Gobierno a fines de 2025.
El nuevo esquema combinará dos criterios simultáneos para definir el acceso al beneficio:
– ubicación geográfica en zonas de severidad climática;
– condición socioeconómica del hogar.
Según el proyecto, podrán acceder los usuarios con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, además de hogares con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con discapacidad incorporadas al sistema SEF.

Argumentos oficiales
En los fundamentos enviados al Congreso, el Gobierno sostiene que el régimen vigente dejó de ser sustentable tras la ampliación territorial aprobada en 2021.
El texto señala que el recargo del 7,5% aplicado sobre el gas ya no alcanza para financiar el sistema y que actualmente se requieren aportes adicionales del Tesoro Nacional para cubrir el costo de los subsidios.
Además, advierte que la falta de financiamiento generó atrasos en la cadena de pagos entre distribuidoras y productores de gas.
Otro de los cambios centrales apunta a la forma de calcular la bonificación.
Hasta ahora, el subsidio se aplicaba sobre la tarifa total, incluyendo transporte y distribución. La nueva propuesta limita el beneficio exclusivamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Impacto en las tarifas
Un informe elaborado por IERAL Fundación Mediterránea advirtió que los mayores aumentos recaerían sobre los usuarios de zonas ampliadas que no califiquen para el nuevo régimen focalizado.
Según las simulaciones realizadas por la entidad, un usuario residencial promedio de Bahía Blanca que actualmente recibe el subsidio de zona fría y quede excluido del SEF podría enfrentar un incremento cercano al 100% en su factura mensual de gas.
En cambio, quienes mantengan el beneficio a través del sistema focalizado tendrían aumentos menores, aunque igualmente superiores a los actuales debido al cambio en la base de cálculo del subsidio.
El estudio también sostiene que la ampliación de Zona Fría realizada en 2021 incorporó regiones con consumos considerablemente menores a los de la Patagonia, lo que elevó el costo fiscal sin conservar el criterio climático original del régimen.




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