La CAME rechazó las recomendaciones del FMI sobre reforma tributaria en Argentina y propone un Nuevo Consenso Fiscal

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las recomendaciones tributarias que el Fondo Monetario Internacional publicó el 26 de mayo de 2026 para Argentina, que proponen ampliar el Impuesto a las Ganancias para trabajadores, extender el IVA a bienes y servicios hoy exentos, y reformar el Monotributo. Para la entidad, esas medidas recaen sobre asalariados y pequeños contribuyentes sin tocar los impuestos que más frenan a las empresas.

CAME: las propuestas del FMI son regresivas y no atacan el problema real

La entidad empresaria pyme señaló que el FMI ignora en su diagnóstico el peso del sistema tributario subnacional —el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) provincial y las tasas municipales— que según CAME representa el principal obstáculo fiscal para la actividad económica. En su análisis, la organización sostuvo que ampliar Ganancias y el IVA «reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y encarece la formalidad para los sectores de menores ingresos».

El IIBB es un impuesto en cascada que se aplica en cada etapa de la cadena productiva y representa entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, con independencia de su rentabilidad. A eso se suma el impacto de las tasas municipales —Seguridad e Higiene, Habilitación Comercial, entre otras— que en muchos distritos equivalen a una alícuota adicional de entre el 0,3% y el 1,2% sobre las ventas, exigidas por más de 2.300 municipios con criterios heterogéneos.

El mecanismo de retenciones genera saldos a favor que las empresas no pueden recuperar

Uno de los puntos más críticos del documento de CAME apunta al régimen de retenciones y percepciones provinciales: los fiscos cobran por anticipado importes que sistemáticamente superan el tributo real que corresponde abonar, generando saldos a favor que las empresas acumulan sin poder compensar.

Según la entidad, en la mayoría de las provincias no existe plazo legal para devolver esos excedentes: los expedientes de devolución demoran entre 12 y 36 meses, período en el que el saldo pierde entre el 60% y el 80% de su valor real por efecto de la inflación. CAME indicó que ninguna provincia publica estadísticas sobre el stock de saldos pendientes, lo que impide cuantificar el problema. La organización destacó como excepción positiva a CABA y Santa Fe, que implementaron mecanismos de devolución exprés hasta determinados montos.

Propuesta: un Nuevo Consenso Fiscal entre Nación, provincias y municipios

Frente a ese diagnóstico, CAME propuso la convocatoria urgente de un Nuevo Consenso Fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios, con seis ejes centrales: armonización de bases imponibles del IIBB, unificación de regímenes de retención y percepción, plazos máximos legales para la devolución de saldos a favor, reducción y simplificación de tasas municipales, transparencia y publicación de estadísticas tributarias subnacionales, y eliminación del IIBB en las etapas intermedias de producción.

La entidad propuso que la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral sea el organismo ejecutor del acuerdo, con facultades para homologar padrones de agentes de retención, validar coeficientes de distribución y fiscalizar el cumplimiento de plazos de devolución por parte de las jurisdicciones.

CAME subrayó que eliminar el IIBB en etapas intermedias —reservándolo solo para la venta final al consumidor, en un modelo similar al del IVA— no implicaría pérdida de recaudación provincial, sino trasladar la base imponible hacia donde la carga es económicamente razonable.