Barrio Aitue: llaman a licitación para urbanizar 200 lotes

Unas 650 personas que esperan acceder a un lote en el barrio Aitue, ubicado en Chacra 30, dieron un paso concreto hacia la urbanización: el gobierno provincial lanzó la Licitación Pública Nacional N° 05/2026 para la infraestructura y los servicios básicos del barrio, con un presupuesto de algo más de 9.200 millones de pesos y un plazo de ejecución de 540 días corridos.

Qué incluye la obra

La convocatoria, publicada este martes por la Unidad Provincial de Enlace de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), contempla la mensura del barrio y la instalación de redes de agua, energía eléctrica, cloacas, caminería y arbolado urbano. La financiación proviene en parte de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las obras beneficiarán a las 200 familias preadjudicatarias de los lotes, que ya participan de un proceso de construcción comunitaria junto al Instituto de Vivienda y Hábitat del Municipio.

Un proceso que arrancó en 2020

El proyecto Aitue tiene su origen en 2020, cuando el Municipio retomó la idea de canjear cuatro lotes ubicados en la zona céntrica —en la intersección de Villegas y Rodhe— por una extensión de tierra que permitiera una solución habitacional colectiva. De tres propuestas evaluadas, una comisión eligió las 12,5 hectáreas de Chacra 30 por su ubicación, integración a la trama urbana, acceso al transporte y cercanía de comercios y escuelas.

Ya con los terrenos a nombre del Municipio, en 2023 se realizaron estudios geológicos e hídricos, relevamientos topográficos y ordenadores urbanísticos que definieron los espacios para viviendas, áreas verdes y reserva fiscal. En 2024 se realizó el sorteo público que determinó las familias preadjudicatarias.

El barrio se encuentra al final de la avenida Los Lagos, a unos 600 metros de la nueva rotonda, en el límite entre Chacra 30 y Chacra 32.

Próximos pasos

Una vez adjudicada la licitación, la empresa constructora seleccionada tendrá 540 días corridos para ejecutar los trabajos. El proceso involucra la coordinación entre las familias preadjudicatarias, el Instituto de Vivienda municipal, el Concejo Deliberante y el Estado provincial.