Factura de $5,5 millones desata un nuevo pedido de juicio político contra el intendente Saloniti

Tras la solicitud impulsada en la jornada de ayer en el Concejo Deliberante, este martes 4 de agosto de 2026 sumó una nueva presentación de juicio político contra el intendente Carlos Saloniti.

El trámite, iniciado formalmente por el vecino Jorge Fabián Sepúlveda ante la presidenta del cuerpo deliberativo, Natalia Vita, denuncia al jefe comunal por presunta malversación de fondos públicos (Art. 260 del Código Penal) y abuso de autoridad (Art. 248 del CP).

​El foco del reclamo radica en el pago con fondos públicos de una factura de servicio eléctrico emitida por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) —N° 0007-16000171, con vencimiento el 10 de agosto de 2026— por un total de $5.557.995,33, correspondiente al medidor N° 166504 (Suministro 00015112 01).

​Según lo fundamentado por el denunciante a partir del Decreto Municipal 1397/24, dicho medidor había sido autorizado en el marco de una cobertura de gastos destinada al Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 y al alumbrado público de la Ruta Provincial 62, contemplando partidas de hasta $60 millones. Sin embargo, la liquidación del servicio especifica como domicilio real de consumo la calle Capitán Drury 850, en pleno centro de la ciudad, con la aclaración explícita de «Propietario del inmueble: NO».

​Sepúlveda remarcó en su escrito que no existe ordenanza municipal que valide la erogación para solventar los consumos de un inmueble céntrico no municipal ni perteneciente a la unidad militar.

​Ante estas inconsistencias, la presentación radicada ante el cuerpo legislativo comunal exige:

• ​Suspensión preventiva del pago: La interrupción inmediata de la liquidación de la factura asociada al medidor N° 166504.
• ​Informes de titularidad y ubicación: Requerimientos formales al EPEN y a la Dirección de Catastro para constatar la propiedad real del inmueble de Drury 850 y la localización física efectiva del medidor.
• ​Denuncia penal: La remisión de todos los antecedentes a la Fiscalía para que investigue la eventual comisión de delitos en el manejo de los recursos municipales.

​El pedido ingresó bajo el número de orden de entrada 1146 y abre una nueva instancia de debate en el Concejo Deliberante para evaluar la conducta del Ejecutivo municipal respecto a la partida presupuestaria asignada a servicios públicos.