Fin del misterio en la Legislatura: aprobaron los controles toxicológicos obligatorios para los 35 diputados

La Cámara de Diputados de la provincia dio un paso clave en la implementación de la Ley 3531 al aprobar por mayoría la resolución N° 1248. La norma establece el procedimiento formal para aplicar controles toxicológicos obligatorios a los 35 integrantes del cuerpo legislativo.

​La medida fue respaldada en votación nominal por 30 votos a favor —provenientes de un amplio abanico político que incluyó a los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, UxP, Democracia Neuquén, Fuerza Libertaria, Juntos, JxC-UCR, Cumplir, Avanzar, Arriba Neuquén y Neuquén Federal— y contó con 2 votos en contra de las bancadas de la izquierda (PTS-FIT-U y FIT-U).

​Cómo será el procedimiento

​El protocolo busca fijar el marco de aplicación para garantizar que la permanencia en los cargos públicos cumpla con los requisitos del Estado provincial.

• ​Frecuencia y modalidad: Los exámenes serán aleatorios, sorpresivos y con una periodicidad mínima de dos meses.
• ​Costo: El valor de cada prueba estará a cargo del propio diputado o diputada evaluado.
• ​Lugar y momento: Se realizarán dentro del edificio legislativo durante la actividad parlamentaria habitual (sesiones ordinarias, extraordinarias, comisiones o reuniones de la Comisión Observadora Permanente).
• ​Notificación y reserva: La convocatoria será inmediata, personal y confidencial. En caso de un primer resultado positivo en el test rápido, se derivará a un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado.

​La coordinación técnica estará en manos del área de Medicina Laboral de la Legislatura, que operará con independencia de las autoridades políticas para resguardar la privacidad, la correcta toma de muestras y la cadena de custodia.

​Cruce de opiniones en el recinto

​Durante la 14ª sesión ordinaria, presidida por la vicepresidenta primera Zulma Reina, la iniciativa generó intensos debates entre los diferentes bloques políticos.

​«La Ley 3531 establece que los controles deben ser rápidos, obligatorios, sorpresivos y realizados in situ, características que respeta esta reglamentación.»

— Claudio Domínguez (MPN)

​Desde el bloque de Unidad por la Patria, Darío Martínez remarcó que el objetivo central es evitar que se tomen decisiones legislativas bajo los efectos de sustancias, aunque aclaró que la norma «no resuelve la problemática del narcomenudeo». En tanto, César Gass (JxC-UCR) valoró la medida como un avance hacia la transparencia, instando a sumar también las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios.

​En la vereda opuesta, la oposición de izquierda argumentó su rechazo en la falta de un enfoque integral. La diputada Julieta Ocampo (FIT) cuestionó que la resolución no contempla asistencia para personas con consumos problemáticos, mientras que César Parra (PTS-FIT-U) señaló contradicciones entre esta medida y las políticas reales de lucha contra el narcotráfico.