Comunidades mapuche denuncian represión en desalojo ordenado por la Justicia

Dos comunidades mapuche, Kinxikeo y Melo, fueron desalojadas o resistieron un operativo de desalojo con presencia policial el 19 y 20 de agosto en la provincia de Neuquén, en cumplimiento de una orden judicial dictada por el juez Francisco Bonorino. Según denunciaron voceros de las comunidades, una persona mayor debió recibir asistencia médica de urgencia tras el operativo.

La lof Kinxikeo fue desalojada el 19 de agosto, mientras que la comunidad Melo continuaba resistiendo al día siguiente, con presencia de niños en el lugar, lo que —según relataron desde la comunidad— impidió el avance del procedimiento por falta de condiciones para su retiro. Desde el territorio describieron la resistencia como pacífica.

El lonko de Melo responsabilizó al gobernador Figueroa

El lonko de la comunidad Melo, Lucas Melo, atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido a la Justicia y al gobierno provincial, y en particular al gobernador Rolando Figueroa. Reclamó la convocatoria a una mesa de diálogo y cuestionó la falta de avances concretos en el relevamiento territorial, la personería jurídica, el registro de comunidades y la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa.

«Tenemos la certeza que el territorio es uno solo, por lo que no lograron el objetivo completo», sostuvo Melo, quien afirmó que la comunidad continuará en el lugar. También cuestionó al Gobierno nacional y al espacio provincial «Neuquenizate», a los que responsabilizó por las órdenes dictadas a la Justicia.

Según el lonko, el desalojo estaba previsto originalmente para el 20 de agosto y fue adelantado, lo que —a su entender— buscó evitar la llegada de más personas al territorio en solidaridad con las comunidades. Pese a ello, organizaciones sociales llegaron al lugar sorteando controles policiales para acompañar la resistencia.

La mirada de la Coordinadora del Parlamento Mapuche

Orlando Carriqueo, vocero werken e integrante de la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro, señaló que se trata de tierras vendidas durante la última dictadura militar con las comunidades ya asentadas en el territorio.