Exfuncionarios de Gutiérrez, a un paso del juicio por desvío de fondos

Dos exministros provinciales quedaron a un paso de enfrentar un juicio oral por el presunto desvío de más de 1.200 millones de pesos en fondos públicos durante 2022 y 2023. El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente la audiencia de control de acusación, instancia previa necesaria para habilitar el debate, en una causa que involucra a ocho personas vinculadas a la cooperativa Viento Sur y a organizaciones de la sociedad civil.

Quiénes son los acusados y de qué se los acusa

Los principales imputados son Abel Di Luca y Germán Chapino, quienes ocuparon el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez. La Fiscalía les atribuye haber autorizado desembolsos mensuales a la cooperativa Viento Sur sin verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, y haber aceptado rendiciones que, según la acusación, eran incompletas, inconsistentes o directamente inexistentes. Ambos están acusados del delito de administración fraudulenta en carácter de coautores.

Junto a ellos, tres personas identificadas por sus iniciales —D.M., S.E.B. y L.L.V.— son señaladas como coautoras por haber solicitado, recibido y administrado los fondos. Otras tres personas, B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S., fueron acusadas como partícipes necesarias por haber recibido dinero sin brindar contraprestación alguna.

Fondos para capacitación que no se habrían ejecutado

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, existió una actuación coordinada entre funcionarios y particulares que habría permitido desviar recursos de un programa del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo destinados a capacitar a integrantes de organizaciones de la sociedad civil. El programa exigía una serie de controles previos a cada desembolso: verificación de la situación institucional de las organizaciones, planes de acción, padrones de beneficiarios y constancias de capacitaciones efectivamente realizadas.

La acusación incorpora un elemento que la Fiscalía considera especialmente relevante: la Contaduría General de la Provincia habría emitido dictámenes desfavorables que, según el MPF, fueron ignorados mientras los pagos continuaban. El presunto perjuicio al Estado provincial asciende a $1.208.657.600, calculado a valores históricos.

Quiénes impulsan la causa

La presentación fue realizada ante la Oficina Judicial por la fiscal Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli. La Fiscalía de Estado, que interviene como querellante y presentó la denuncia que dio origen a la investigación, acompañó el requerimiento.

Para un eventual juicio oral, el MPF anticipó que prevé convocar a alrededor de 80 testigos ante un tribunal colegiado integrado por tres magistrados.

Qué sigue en el proceso

La solicitud de la audiencia de control de acusación no implica una condena ni determina responsabilidad penal. Será esa instancia la que permita discutir formalmente la acusación y definir si el expediente queda en condiciones de llegar al juicio oral. La fecha de esa audiencia aún no fue fijada por la Oficina Judicial.